En un movimiento que marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, el gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha descertificado oficialmente a Colombia en su informe anual sobre la lucha contra el narcotráfico. La decisión, anunciada primero por el presidente colombiano Gustavo Petro y luego confirmada mediante un comunicado oficial estadounidense, implica severas restricciones económicas y diplomáticas para el país sudamericano.
La medida conlleva la suspensión de hasta el 50% de la asistencia exterior que Estados Unidos brinda a Colombia. Esto incluye la oposición a la aprobación de créditos en instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien se mantendrán los apoyos de carácter humanitario y algunos programas específicos, la gran mayoría de la ayuda, fundamental para proyectos de seguridad y desarrollo rural, será interrumpida. Esto representa un golpe significativo a iniciativas que dependían críticamente de estos fondos.
El comunicado del gobierno estadounidense, emitido en nombre del presidente Trump, es inusual por su tono directo y atribuye la responsabilidad de la descertificación exclusivamente al liderazgo del presidente Petro. El texto afirma: “El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”.
La administración Trump argumenta que “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos” bajo el mandato de Petro y critica sus “fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas”, lo que, según Washington, “solo ha exacerbado la crisis”. A pesar de esto, el comunicado reconoce que las instituciones colombianas siguen “demostrando habilidad y valentía” al enfrentarse a estos grupos.
La descertificación se produce en un ambiente de creciente fricción diplomática entre los gobiernos de Trump y Petro. Minutos antes del anuncio, el Ministerio de Defensa de Colombia había destacado sus logros operativos, afirmando que las incautaciones de cocaína en 2025 superaron las 700 toneladas y que se habían erradicado y sustituido más de 11 mil hectáreas de cultivos ilícitos, lo que representa un aumento del 218% en comparación con 2024.
Estas cifras contrastan con la evaluación de Estados Unidos, que clasifica a Colombia por haber incumplido sus obligaciones según los acuerdos internacionales antinarcóticos.
La tensión se ha visto agravada por declaraciones de figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha calificado a Petro de “bastante errático” y con una “retórica izquierdista violenta”. Se destaca que Rubio, un actor de gran influencia en la política exterior estadounidense, tuvo un papel crucial en la decisión de descertificar.
Frente a las acusaciones y las sanciones, el presidente Petro respondió con firmeza: “A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos. Nosotros somos los que estamos ayudando a Estados Unidos. Si es por presupuesto, nosotros lo ponemos”.
Esta postura subraya la profundidad del desacuerdo y sugiere que la relación bilateral, otrora un pilar estratégico, se encamina hacia una redefinición compleja y llena de desafíos. La descertificación no es solo una medida punitiva; es el síntoma de una divergencia profunda en la estrategia para enfrentar el problema mundial de las drogas y el rol que cada gobierno cree que debe jugar.