Una grave denuncia sacudió el Concejo Distrital de Buenaventura en las últimas horas. Durante una sesión plenaria, el concejal Thompson Cárdenas Polanco reveló que presuntas redes de extorsión estarían operando en la ciudad, generando la paralización de importantes obras de infraestructura que son vitales para el desarrollo social y cultural del puerto.
Según la denuncia del cabildante, el brazo criminal que azota a la ciudad habría puesto su mira en proyectos de alto impacto comunitario. Entre las obras afectadas se encuentra la nueva Casa de la Cultura, un proyecto largamente anhelado por los artistas y gestores culturales de Buenaventura. Asimismo, Cárdenas Polanco señaló que varios escenarios deportivos, destinados a la formación y recreación de los jóvenes del distrito, también estarían sufriendo retrasos o parálisis total debido a las presiones de los delincuentes.
“Esto no es solo un ataque a la infraestructura, es un ataque directo al futuro de nuestros jóvenes. Cuando una obra como una cancha o la Casa de la Cultura se paraliza, le estamos quitando oportunidades a quienes más las necesitan para alejarse de la violencia”, manifestó el concejal desde la curul, haciendo un llamado urgente a las autoridades.
El concejal enfatizó que la extorsión se ha convertido en un mecanismo perverso que frena el progreso y siembra el miedo entre contratistas y trabajadores. Advirtió que, de no tomarse cartas en el asunto, el atraso en materia social y cultural para Buenaventura podría ser irreversible.
Desde la corporación se hizo un contundente llamado a las autoridades competentes, incluyendo a la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, para que inicien las investigaciones pertinentes y adopten las medidas necesarias para contrarrestar este flagelo. “No vamos a permitir que el desarrollo del Distrito siga siendo rehén de la criminalidad. Exigimos presencia efectiva del Estado y resultados contundentes contra estos grupos que están ahogando a Buenaventura”, concluyó Cárdenas Polanco.
La denuncia enciende las alarmas sobre la seguridad en el puerto, donde la extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más afecta la economía y el tejido social, poniendo en jaque proyectos que buscan precisamente combatir la desigualdad y la violencia desde la cultura y el deporte.
