Un abrupto cambio en la ruta de atención médica enfrentan miles de afiliados a Nueva EPS en Cali. La Clínica Nuestra Señora de los Remedios anunció, mediante un comunicado oficial, la suspensión inmediata de todos sus servicios para los usuarios de esta aseguradora, debido a la falta de un contrato vigente entre ambas entidades.
La medida, que rige desde este jueves, impacta directamente consultas externas y procedimientos programados, obligando a los pacientes a gestionar una reubicación urgente. La clínica señaló que, para garantizar la continuidad de sus tratamientos, los afectados deben acudir directamente a las oficinas de Nueva EPS para que se les asigne un nuevo prestador dentro de la red disponible en la ciudad.
La administración de la clínica justificó la decisión en razones de “legalidad y sostenibilidad financiera”, argumentando que la situación escapa a su control directo y que sin un soporte contractual no puede recibir nuevos pacientes de esa EPS. Aunque ofreció disculpas públicas por las incomodidades, reiteró su compromiso con la calidad para los demás convenios que mantiene vigentes.
Este rompimiento contractual expone una vez más las tensiones recurrentes entre las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), donde los pacientes quedan atrapados en medio de disputas administrativas. La comunidad médica y las autoridades de salud locales se mantienen en alerta, monitoreando el posible efecto dominó y la saturación de otras redes hospitalarias que deberán absorber la demanda repentina.
La noticia genera incertidumbre y carga administrativa sobre los usuarios, quienes ahora deben invertir tiempo y esfuerzo en rehacer sus rutas de atención, con el riesgo potencial de interrupciones en tratamientos críticos. Mientras la clínica habilita sus canales oficiales para consultas sobre citas previas, la presión recae ahora sobre Nueva EPS para que agilice la contratación con otras instituciones y garantice, de manera efectiva, el derecho a la salud de sus afiliados.
El caso pone sobre la mesa la urgente necesidad de mayor estabilidad en los contratos del sistema de salud, donde la discontinuidad de servicios por impasses entre EPS e IPS se convierte en un trauma recurrente para los ciudadanos, quienes exigen respuestas ágiles y soluciones permanentes que prioricen su bienestar sobre los trámites burocráticos.