Bogotá, febrero de 2026. Una medida legal diseñada para proteger los derechos de los menores está cambiando las reglas del juego en los conflictos familiares y poniendo un límite contundente a una práctica recurrente: el chantaje migratorio.
Según la Ley 2097 de 2021, un padre o madre que incurra en mora de tres o más cuotas alimentarias y sea inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), pierde automáticamente la potestad de bloquear la salida del país de su hijo o hija. La norma desmonta un mecanismo de presión injusto, donde la autorización para viajar era usada como moneda de cambio, perjudicando directamente el bienestar del menor.
La ley establece una vía ágil para proteger el derecho del niño, niña o adolescente a viajar, ya sea por turismo, estudios o para reencontrarse con familiares. Ante la negativa injustificada del progenitor moroso, el otro padre, madre o acudiente puede acudir ante un juez de familia o una comisaría de familia.
Tras verificar la inscripción en el Redam, estas autoridades tienen la facultad de suplir la autorización que el deudor se niega a dar. Con este documento oficial en mano, Migración Colombia queda habilitada para permitir el viaje del menor, sin necesidad del permiso del padre o madre en mora.
“El mensaje que envía la ley es claro y contundente: si no responde por su hijo económicamente, tampoco puede usar su firma para controlar o restringir aspectos fundamentales de su vida, como su derecho a la movilidad o a mantener vínculos familiares”, explica una funcionaria de infancia y familia.
La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos conlleva otras consecuencias graves, pensadas como incentivos para el cumplimiento de la obligación alimentaria. Entre ellas destacan:
- Restricciones para contratar con el Estado: No podrán ser contratistas o proveedores de cualquier entidad pública.
- Inhabilidad para acceder a cargos públicos: La morosidad alimentaria es un impedimento para ejercer funciones públicas.
- Reporte en centrales de riesgo: Afectando su historial crediticio.
Todas estas sanciones permanecen vigentes hasta que el deudor se ponga al día por completo con las cuotas adeudadas y regularice su situación.
La medida ha sido calificada por defensores de familia como un avance significativo en la protección integral de los menores. Prioriza su derecho a una vida digna, a la educación (incluyendo intercambios o estudios en el exterior) y a la familia, por encima de conflictos entre adultos.
Esta ley representa un nuevo paradigma: la autoridad parental no es un derecho absoluto, sino una responsabilidad. Y quien deja de cumplir con la parte fundamental de la manutención, ve limitada su capacidad para decidir en otros ámbitos, protegiendo así al verdadero sujeto de derecho: el niño.