Tras 86 inspecciones en todo el país, el Ministerio de Minas y Energía detectó que el 75% de las gasolineras visitadas presentaban fallas técnicas, laborales o de precios. El 20% de los establecimientos incumplió con la reducción de $500 por galón ordenada desde febrero.
En un nuevo capítulo de la fiscalización al sector de combustibles, el Ministerio de Minas y Energía anunció la apertura de 70 procesos administrativos sancionatorios contra estaciones de servicio en Colombia. La decisión se tomó luego de una serie de inspecciones que revelaron múltiples irregularidades, que van desde el incumplimiento en la reducción del precio de la gasolina hasta deficiencias en materia de seguridad industrial y condiciones laborales de los trabajadores.
La advertencia fue lanzada por Julián Florez, director de Hidrocarburos del ministerio, quien detalló que durante los operativos se realizaron 86 procesos de inspección en estaciones de servicio ubicadas en diferentes regiones del país. Los resultados, según el funcionario, son preocupantes: al menos el 75% de los establecimientos visitados presentaron carencias e inconsistencias en aspectos técnicos, laborales y de seguridad industrial.
“Iniciaremos 70 procesos sancionatorios administrativos”, confirmó Florez, en una declaración que refleja la determinación del gobierno por hacer cumplir las normas que rigen la comercialización de combustibles en el territorio nacional.
Uno de los puntos más sensibles de la intervención estatal tiene que ver con la política de precios. Desde febrero, el gobierno dispuso una reducción de $500 en el precio del galón de gasolina corriente, una medida orientada a aliviar el bolsillo de los consumidores en medio de las presiones inflacionarias. Sin embargo, las inspecciones realizadas en estaciones de servicio de municipios como Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y La Dorada revelaron que el 20% de los establecimientos visitados no habían aplicado dicha reducción.
Este incumplimiento constituye una violación directa a la instrucción impartida por el Ministerio de Minas y Energía, que ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la transparencia en la fijación de precios. Para los conductores y usuarios frecuentes de gasolina corriente, esta situación representa un impacto económico no justificado, pues pagan una tarifa superior a la establecida oficialmente.
Las autoridades advirtieron que los procesos sancionatorios en este rubro podrían derivar en multas económicas significativas, así como en la imposición de medidas correctivas que van desde la suspensión temporal de operaciones hasta la revocatoria de permisos, dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia.
Más allá del tema de precios, las inspecciones realizadas por la Dirección de Hidrocarburos del ministerio abarcaron un espectro más amplio de condiciones operativas. En el 75% de las estaciones visitadas se detectaron deficiencias en aspectos técnicos —como mantenimiento de equipos de medición y dispensación—, fallas en seguridad industrial —incluyendo la ausencia de extintores, sistemas de ventilación inadecuados o falta de señalización— y, en varios casos, incumplimientos en materia laboral, como la falta de afiliación a la seguridad social de trabajadores o el desconocimiento de derechos sindicales.
Estas irregularidades no solo afectan a los empleados del sector, sino que también representan un riesgo potencial para los usuarios y las comunidades aledañas. La combinación de fallas técnicas con la ausencia de protocolos de seguridad incrementa la probabilidad de incidentes como derrames, incendios o explosiones en las instalaciones que manejan combustibles.
“La seguridad industrial en las estaciones de servicio es un tema de salud pública. No podemos permitir que se exponga la vida de los trabajadores ni de los ciudadanos que acuden a cargar combustible”, enfatizó Florez durante la presentación de los resultados.
Con la apertura de los 70 procesos administrativos sancionatorios, las estaciones de servicio implicadas tendrán la oportunidad de presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa dentro de los términos establecidos por la ley. Una vez surtido ese trámite, el ministerio determinará si impone sanciones económicas, medidas correctivas o, en los casos más graves, la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de operación.
El gobierno ha señalado que estos operativos continuarán de manera periódica en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar que los consumidores reciban un servicio de calidad, a precios justos, y en condiciones que protejan tanto a los trabajadores como al medio ambiente y la comunidad en general.
Para los propietarios de estaciones de servicio, la advertencia es clara: el incumplimiento de las normas técnicas, laborales y de precios tendrá consecuencias. Para los ciudadanos, el mensaje es el de una autoridad dispuesta a hacer valer sus derechos en un sector que, por su naturaleza, involucra altos riesgos y un profundo impacto en la economía familiar.
La medida de reducción de $500 por galón en la gasolina corriente forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para moderar el impacto de los precios de los combustibles en el costo de vida. En los últimos meses, la administración ha enfrentado el desafío de equilibrar las finanzas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los hogares.
La fiscalización intensiva responde, además, a denuncias recurrentes de gremios de transportadores y consumidores sobre posibles abusos en la fijación de precios en algunas regiones. Con estos operativos, el Ministerio de Minas y Energía busca enviar una señal contundente de que el incumplimiento no será tolerado y que la regulación estatal tiene mecanismos efectivos para hacerla cumplir.
A medida que avanzan los procesos sancionatorios, se espera que en las próximas semanas se conozcan las primeras decisiones y sanciones concretas, lo que podría sentar un precedente importante en la relación entre el Estado y los comercializadores de combustibles en el país.