En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se realizó la extinción de dominio de 19 bienes (12 inmuebles, 6 vehículos y un título valor) vinculados a exfuncionarios de la Alcaldía de Buenaventura, valorados en $3.100 millones de pesos. Estos recursos, según las investigaciones, habrían sido desviados de fondos destinados al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, en un escándalo de corrupción que ha indignado a la comunidad.
El director Nacional de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana, confirmó que los exfuncionarios están siendo investigados por prevaricato por acción y peculado por apropiación, al haber autorizado transferencias irregulares de dineros públicos. Según un informe de la Contraloría General de la República, los recursos que debían fortalecer la capacidad operativa de los bomberos fueron utilizados para compra de materiales de construcción, adquisición de bebidas alcohólicas y préstamos personales.
Esta situación se agrava ante las advertencias hechas en julio de 2024 por la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre el incumplimiento en el pago de prestaciones sociales y la falta de fondos para la operatividad del Cuerpo de Bomberos de Buenaventura. La entidad señaló que los bomberos enfrentan riesgos laborales al no contar con seguridad social ni equipos adecuados, poniendo en peligro tanto su integridad como la capacidad de respuesta ante emergencias.
La Procuraduría exigió a la Alcaldesa y a la Oficina de Planeación y Atención de Desastres presentar planes de contingencia, especialmente ante la temporada de lluvias, para garantizar que la ciudad esté preparada ante posibles desastres. Sin embargo, la desviación de fondos ha dejado al servicio de bomberos en una situación crítica, sin los recursos necesarios para cumplir su labor.
Las autoridades continúan las pesquisas para determinar el alcance del desfalco y si más funcionarios estuvieron involucrados. Mientras tanto, la comunidad de Buenaventura exige justicia y transparencia, demandando que los bienes incautados sean reinvertidos en las necesidades urgentes de la ciudad, empezando por el rescate financiero del Cuerpo de Bomberos.
Este caso evidencia, una vez más, cómo la corrupción afecta directamente servicios esenciales, dejando en riesgo a quienes arriesgan sus vidas para proteger a la población.