Pasadas las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo, en las que los colombianos definieron la composición del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, la atención se traslada ahora al calendario constitucional y a los detalles logísticos que rodearán el inicio de esta nueva etapa política. Aunque los nombres de los elegidos ya son de conocimiento público, el relevo formal en el Capitolio Nacional no será inmediato.
La Constitución Política de Colombia es clara en su artículo 138: el Congreso inicia su legislatura el 20 de julio del año en que se realizaron las elecciones. Esta fecha, que además conmemora el grito de independencia nacional, será el escenario en el que senadores y representantes electos se posesionen oficialmente y den apertura al cuatrienio legislativo.
La instalación, que se llevará a cabo en el Capitolio Nacional en Bogotá, incluye una serie de actos protocolarios que marcan la transición del poder legislativo. Según informó la Cámara de Representantes, la jornada iniciará con el llamado a lista de los congresistas electos, seguido de la entonación del himno nacional y la conformación de las comisiones constitucionales permanentes. Es en este momento cuando se abre formalmente la nueva legislatura, dando vía libre al inicio de debates, proyectos de ley y las labores de control político sobre el Ejecutivo.
Una vez instalado, el Congreso opera bajo un esquema de legislaturas anuales divididas en dos periodos de sesiones. El primero, que suele ser el más activo políticamente, transcurre desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre. El segundo periodo se reanuda en el primer trimestre del año siguiente y se extiende hasta el 20 de junio.
Durante estos intervalos, los legisladores se dedican a la discusión de proyectos de ley, reformas constitucionales y citaciones a ministros para debates de control político. Este ritmo define la agenda legislativa del país y el pulso de la relación entre el Congreso y el Gobierno nacional.
La instalación del nuevo Congreso trae consigo un cambio significativo en la estructura salarial de los legisladores. En una decisión que modifica sustancialmente sus ingresos, el Gobierno nacional eliminó la denominada “prima especial de servicios”, un componente adicional que durante años representó un complemento cercano a los 16,9 millones de pesos mensuales para cada congresista.
Con la desaparición de este rubro, el ingreso mensual de senadores y representantes sufrirá una reducción considerable. A partir del 20 de julio, los legisladores devengarán aproximadamente 34,7 millones de pesos antes de descuentos, una cifra compuesta por el salario básico y los gastos de representación. Este monto contrasta con los cerca de 51 millones de pesos que percibían anteriormente, marcando un ajuste en la remuneración de la clase política en un momento de debate nacional sobre la austeridad en el gasto público.
Antes de que los nuevos congresistas puedan ocupar sus curules, las autoridades electorales deberán culminar el proceso de escrutinio y revisión de resultados. Este trámite, que se extenderá durante las semanas previas al 20 de julio, concluirá con la entrega de las credenciales a los candidatos que resultaron elegidos. Solo a partir de ese momento se oficializa jurídicamente quiénes integrarán cada una de las curules en el Senado y la Cámara.