El Colectivo Justicia Racial ha lanzado un llamado urgente a la Corte Constitucional para que revise la tutela de Andrea Burgos, una mujer trans racializada y en situación de pobreza, condenada a casi 10 años de prisión en un proceso que denuncian como un “falso positivo judicial”. Según la organización, su condena no fue un simple error, sino una sentencia sin justicia, disfrazada de legalidad.
El término hace referencia a condenas basadas en irregularidades, donde el Estado prioriza resultados rápidos sobre la justicia real. En el caso de Andrea:
🔴 Fue detenida sin orden judicial ni flagrancia, violando su derecho al debido proceso.
🔴 La acusaron de portar un arma que nunca apareció, sin pruebas contundentes.
🔴 Sufrió violencia transfóbica: golpes, humillaciones y agresiones verbales por parte de las autoridades.
🔴 El sistema judicial ignoró las irregularidades y, según el colectivo, legitimó la transfobia durante el proceso.
El comunicado del colectivo señala que Andrea fue blanco fácil para el sistema:
- Racializada (afrodescendiente o indígena, según el contexto).
- Pobre y sin respaldo institucional.
- Mujer trans y disidente, lo que la hizo más vulnerable a abusos.
✅ Revisión inmediata de la tutela por parte de la Corte Constitucional.
✅ Anulación de la sentencia, por considerarla producto de un proceso viciado.
✅ Investigación a los funcionarios involucrados en las irregularidades.
✅ Garantías de no repetición para evitar que más personas LGBTQ+, racializadas y pobres sean criminalizadas injustamente.
Este no es un caso aislado: en Colombia, personas trans, negras y pobres enfrentan mayores riesgos de detenciones arbitrarias, violencia institucional y condenas injustas. Organizaciones de derechos humanos exigen:
🔹 Reformas judiciales para evitar sesgos discriminatorios.
🔹 Protección especial para poblaciones vulnerables en procesos penales.
🔹 Sanciones a agentes del Estado que cometan abusos.
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