En un acto cargado de simbolismo político y jurídico, el Gobierno nacional presentó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación el denominado “Libro de la verdad”, un extenso documento que recopila más de 80 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades, actos de corrupción y malas prácticas administrativas que, según las autoridades, habrían sido identificadas durante el proceso de empalme entre la administración saliente de Gustavo Petro y el actual Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La entrega se realizó en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, durante una reunión protocolaria que coincidió con la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. El encuentro contó con la participación del presidente Abelardo de la Espriella y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quienes recibieron el informe de manos del vicepresidente José Manuel Restrepo, líder de la comisión que coordinó la revisión de los documentos y hallazgos.

Según explicó Restrepo, el “Libro de la verdad” no es un informe improvisado, sino el resultado de un trabajo sistemático de 18 meses, en el que participaron equipos de empalme de distintos ministerios, un grupo anticorrupción interdisciplinario, personal técnico especializado y asesores externos. Además, se emplearon herramientas de auditoría forense e inteligencia artificial para cruzar datos, analizar patrones en procesos de contratación y detectar posibles anomalías en la ejecución presupuestal.

“No se trata de un documento político, sino de un ejercicio técnico, riguroso y transparente. Lo que hemos hecho es poner a disposición de la Fiscalía toda la evidencia que recolectamos para que, si hay mérito, se inicien las investigaciones correspondientes”, afirmó Restrepo ante los medios.

Entre los asuntos más sensibles que contiene el documento se destacan:

• Cuestionamientos sobre el manejo de la deuda pública y los títulos TES (Títulos de Tesorería), con posibles operaciones que habrían afectado las finanzas del Estado.
• La delimitación del páramo de Santurbán, un tema ambiental y minero que ha generado históricas tensiones entre el Gobierno, las comunidades y los sectores productivos.
• Contratos de Fonigualdad, entidad adscrita al Departamento de Prosperidad Social, donde se señalan presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de recursos.
• La ejecución presupuestal de Colombia Mayor, el programa que subsidia a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, con posibles desvíos o subejecuciones injustificadas.
• Procesos de contratación en la Cancillería, donde se habrían presentado faltas a los principios de transparencia y selección objetiva.

El vicepresidente señaló que, si bien algunas de estas denuncias ya habían sido mencionadas en informes previos de la Contraloría o la Procuraduría, el valor agregado del “Libro de la verdad” radica en la consolidación, el análisis cruzado y la profundidad forense con que se abordó cada caso.

La entrega del informe se da en medio de un clima político polarizado, en el que el actual Gobierno ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción como uno de sus ejes bandera. El presidente De la Espriella ha señalado en varias ocasiones que su administración no permitirá impunidad y que rendirá cuentas sin cortapisas.

Por su parte, la fiscal Luz Adriana Camargo recibió el documento y aseguró que su despacho evaluará con rigor cada una de las denuncias, aunque advirtió que no todas las irregularidades administrativas constituyen delitos penales. “La Fiscalía actuará con independencia, objetividad y conforme a la ley. Revisaremos el material, abriremos las líneas investigativas que sean pertinentes y, si hay mérito, judicializaremos a los responsables”, declaró.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras desde el oficialismo se celebra la iniciativa como un hito de transparencia y rendición de cuentas, sectores de la oposición y algunos analistas advierten que el “Libro de la verdad” podría tener un trasfondo político, utilizado para desacreditar a la administración anterior y justificar eventuales ajustes institucionales o presupuestales.

Sin embargo, Restrepo fue claro al señalar que “la verdad no es de nadie, ni de un partido ni de un gobierno. Es un bien público que debe servir para fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza ciudadana”.

La Fiscalía deberá ahora organizar el material recibido —que incluye documentos, bases de datos, correos electrónicos y análisis financieros— y determinar cuáles de las 80 denuncias ameritan apertura de investigación formal. El proceso podría extenderse por varios meses, dependiendo de la complejidad de cada caso y de los recursos técnicos disponibles.

Mientras tanto, el Gobierno anunció que continuará con su política de “mano firme” contra la corrupción, y no descartó nuevas entregas de información a otros entes de control, como la Contraloría y la Procuraduría, en los próximos días.

Nota periodística: Esta información se basa en el pronunciamiento oficial del Gobierno y en las declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo. Los hechos mencionados se encuentran en etapa de verificación y corresponderá a la Fiscalía y a las autoridades competentes determinar las responsabilidades civiles, disciplinarias o penales a que haya lugar.