En un hecho que enciende las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios públicos en el Valle del Cauca, Gilberto Jesús Calao González, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) seccional Tuluá, fue asesinado a bala este jueves por la mañana.
El ataque, de características típicamente sicariales, se registró en el barrio El Jazmín, al sur de la ciudad. Según la información preliminar de las autoridades, Calao González fue abordado por sujetos que se desplazaban en motocicleta en el momento en que salía de su vivienda y se disponía a sacar su vehículo del garaje. Los atacantes le propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar.
Los reportes iniciales destacan un dato que aumenta la gravedad del crimen: el funcionario, descrito por sus allegados como un profesional con un perfil técnico y de carácter independiente, no habría registrado amenazas previas en su contra. Este perfil alejado de la exposición política directa abre interrogantes sobre el móvil del asesinato.
Gilberto Jesús Calao González era oriundo de Lorica, Córdoba, y contaba con una trayectoria de varios años dentro de la DIAN, donde había ascendido hasta ocupar la dirección de la seccional Tuluá, un cargo de alta responsabilidad en la administración tributaria regional.
Las autoridades, entre ellas la Policía y la Fiscalía, ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando el levantamiento de evidencias y recolectando testimonios. El principal foco de la investigación será determinar si el crimen está relacionado con su labor al frente de la entidad recaudadora, lo que apuntaría a un ataque directo contra una institución del Estado, o si obedece a otras causas.
El asesinato de un director seccional de la DIAN representa un acto de extrema gravedad, no solo por la pérdida humana, sino por el claro mensaje de intimidación que podría estar dirigido a las instituciones de control y recaudo del país. Se espera que en las próximas horas tanto la dirección nacional de la DIAN como el Gobierno Nacional se pronuncien de manera oficial para condenar el hecho y exigir justicia.
La comunidad de Tuluá y el gremio de los funcionarios públicos se encuentran consternados, mientras el caso pone nuevamente sobre la mesa los urgentes desafíos en materia de seguridad para quienes ejercen cargos de autoridad en diferentes regiones de Colombia.
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