Un escalofriante video difundido en redes sociales ha revelado una violencia extrema contra una menor indígena en Risaralda, donde un grupo de hombres la suspendió del techo con las manos atadas y la golpeó salvajemente hasta dejarla inconsciente. La grabación muestra cómo la joven suplica y llora sin compasión, mientras una mujer, lejos de ayudarla, facilita la agresión cubriéndola inicialmente con una sábana antes de que comience la golpiza.
Tras perder el conocimiento, la víctima fue desatada, cayó al suelo y fue arrastrada a otra habitación, donde continuaron los gritos de dolor. Las imágenes han desatado una ola de repudio en todo el país, poniendo en evidencia una grave violación a los derechos humanos que no puede justificarse bajo ningún argumento cultural.
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama condenaron enérgicamente el hecho, señalando que ocurrió en la comunidad Gito Dokabu, en Risaralda. En un comunicado conjunto, rechazaron cualquier intento de justificar el acto bajo tradiciones ancestrales:
“Nada justifica la violencia contra nuestras mujeres y niñas. Este es un crimen atroz que debe ser investigado y sancionado sin contemplaciones”, afirmaron.
Las organizaciones exigieron protección inmediata para la menor y acciones contundentes contra los agresores, quienes presuntamente pertenecen a la misma comunidad.
Defensores de derechos humanos y líderes sociales han exigido a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo intervenir de manera inmediata para garantizar que el caso no quede impune. Aunque la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos indígenas en materia de justicia propia, expertos subrayan que esta no puede utilizarse para avalar torturas, maltratos o violaciones a los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de menores.
“La justicia indígena no puede ser sinónimo de impunidad para crímenes brutales. El Estado debe actuar”, señaló un activista en redes sociales.
El video ha generado una ola de indignación en Colombia, con miles de usuarios exigiendo castigo para los responsables. Colectivos feministas y organizaciones de protección a la infancia han convocado protestas simbólicas, mientras crece el temor de que el caso sea minimizado bajo argumentos de “usos y costumbres”.
#JusticiaParaElla se ha viralizado en redes, como un llamado a no permitir que la barbarie quede en el olvido.