- La guerrilla declaró un alto al fuego para las elecciones de Congreso (8 de marzo) y Presidencia (31 de mayo) tras un año marcado por la violencia.
- El anuncio ocurre días después de que se atribuyera un ataque contra el senador Jairo Castellanos y en un clima de 457 amenazas contra líderes sociales.
A dos semanas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir un nuevo Congreso, la sombra de la violencia política intenta replegarse, al menos en el papel. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este lunes un cese al fuego unilateral que regirá durante el periodo electoral, una tregua que cobija tanto las votaciones legislativas del 8 de marzo como la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
La decisión, divulgada a través de un comunicado en sus redes sociales, llega en un momento de máxima alerta. Históricamente, la guerrilla ha decretado treguas temporales en épocitas electorales y navideñas, pero el contexto actual está lejos de ser el de una tregua navideña. El país aún no supera el asesinato, en 2025, del senador y entonces aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, un crimen que conmocionó a la nación y dinamitó cualquier intento de acercamiento con el gobierno.
La sombra del ELN se ha mantenido vigente en los meses recientes. De hecho, este mismo mes de febrero, la organización se atribuyó un ataque armado contra el vehículo del senador Jairo Castellanos, un atentado que, aunque no logró herir al congresista, cobró la vida de dos de sus escoltas. Este hecho puso en evidencia la fragilidad de la seguridad en plena campaña electoral.
El anuncio de la tregua, sin embargo, no ha sido suficiente para despejar las alarmas. La Defensoría del Pueblo ha sido tajante en sus advertencias: el ELN sigue siendo una de las principales fuentes de amenaza contra el proceso electoral, particularmente en aquellas regiones rurales donde la presencia del Estado es débil o inexistente.
El último informe del organismo de derechos humanos es escalofriante: durante el periodo preelectoral se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos. Aunque el ELN es señalado como uno de los perpetradores, la Defensoría también puso el foco sobre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, que continúan disputándose el control territorial y ejerciendo presión sobre las comunidades para inclinar la balanza electoral.
“Las amenazas no cesan. El solo anuncio de un cese no garantiza que las comunidades puedan votar en libertad”, advirtió un vocero de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que hizo un llamado enfático a todos los grupos armados para garantizar que las elecciones se desarrollen con las mínimas condiciones de seguridad.
El anuncio del ELN se produce en medio de una encrucijada política. Tras el fracaso rotundo de los diálogos de paz, acelerado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido una ofensiva militar contra la guerrilla. La tregua unilateral, por tanto, no es el resultado de una mesa de negociación, sino una decisión de carácter estratégico por parte del grupo armado.
Analistas políticos señalan que este tipo de ceses buscan, a menudo, dos objetivos: ganar legitimidad ante la opinión pública y liberar presión militar en sus territorios. Sin embargo, para los habitantes de regiones como el Catatumbo, el Chocó o el Cauca, la verdadera prueba no estará en los comunicados, sino en si el silencio de los fusiles se mantiene cuando las urnas estén abiertas y, sobre todo, cuando se cierren.
Por ahora, el país se prepara para votar con la esperanza de que la tregua se cumpla, pero con la certeza de que la violencia política sigue siendo una amenaza latente que podría definir, desde las sombras, el futuro democrático de Colombia.