Buenaventura, Valle del Cauca – Una profunda tragedia enluta a la comunidad de Buenaventura y al municipio de Santander de Quilichao, luego de que María Fernanda Salazar Lucumí, una mujer en condición de calle, falleciera en circunstancias que han conmovido a quienes conocieron su historia. La víctima, de origen caucano, llevaba 14 años sin contacto con su familia y murió justo cuando intentaba regresar a su hogar.
De acuerdo con la información recolectada, días antes de su muerte, María Fernanda habría acudido a un hospital en busca de atención médica. Sin embargo, ante una presunta falta de respuesta o demora en los servicios de salud, la mujer tomó la decisión de firmar su salida voluntaria del centro asistencial, sin recibir el cuidado que requería.
Su estado de vulnerabilidad se agravó con el paso de las horas. A pesar de su situación, un rayo de esperanza apareció cuando unos familiares lograron ubicarla gracias a una publicación difundida en redes sociales. Tras 14 largos años de distancia e incertidumbre, sus seres queridos supieron que estaba viva y se ilusionaron con un reencuentro en la ciudad de Cali.
María Fernanda emprendió entonces el viaje hacia la capital vallecaucana con la ilusión de volver a abrazar a los suyos. Pero el destino le tenía preparado un desenlace fatal: la mujer nunca llegó a su destino. Su estado de salud, frágil y deteriorado por su condición de calle y la falta de atención oportuna, le pasó factura en el camino, donde finalmente perdió la vida.
Familiares, devastados por la noticia, relataron a medios locales el sufrimiento que significó haberla encontrado después de más de una década, solo para perderla de manera tan abrupta. “La buscamos por años. No merecía terminar así, sola y sin ayuda”, expresó un pariente entre lágrimas.
El caso de María Fernanda Salazar Lucumí ha reavivado el debate sobre el derecho a la salud de las personas en condición de calle en Colombia, una población que con frecuencia enfrenta barreras de acceso a los servicios médicos, discriminación y falta de políticas públicas efectivas para su protección.