Buenaventura, Valle del Cauca. – En una acción conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tres hombres fueron judicializados y enviados a centro carcelario por su presunta responsabilidad en una serie de violentos hurtos a establecimientos comerciales en el distrito de Buenaventura.
Los identificados como Salvador Venté Bellaizac, Michael Joani Mosquera Rojas y Miguel Ángel Borja Cortes enfrentan cargos por el delito de hurto calificado y agravado, imputados por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA). Frente a los cargos, los procesados optaron por no aceptar su responsabilidad. Sin embargo, un juez de control de garantías, considerando la gravedad de los hechos, les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario.
Las investigaciones de la Fiscalía los vinculan a al menos dos graves incidentes. El primero, y de mayor cuantía, ocurrió el 22 de agosto de 2024, cuando un grupo de individuos llegó a una compraventa en el barrio El Bolívar. Según las autoridades, los sujetos intimidaron al administrador con armas y lo forzaron a desactivar el sistema de alarma del local. Acto seguido, se apoderaron de una significativa cantidad de elementos de oro y dinero en efectivo, cuyo valor total asciende a más de 250 millones de pesos.
Un segundo hecho, registrado el 18 de diciembre de 2024 en el barrio Oriente, tuvo como objetivo una bodega de distribución de alimentos. En este caso, cinco hombres –entre los que se encontrarían los ahora judicializados– agredieron físicamente al guarda de seguridad del lugar. Posteriormente, sustrajeron un teléfono celular, un reloj, el dinero de varias cajas registradoras y otros bienes, con un valor total avaluado en más de 2,5 millones de pesos.
La captura de Venté Bellaizac, Mosquera Rojas y Borja Cortes se llevó a cabo mediante operativos simultáneos ejecutados por uniformados de la Policía Nacional en el barrio El Centro de Buenaventura. Las evidencias recaudadas por la Fiscalía fueron determinantes para individualizar su presunta participación y lograr su judicialización.
Con esta medida, las autoridades buscan no solo judicializar a los presuntos responsables de estos delitos, sino también desarticular las redes criminales que afectan la seguridad y la economía de los comerciantes en el puerto sobre el Pacífico colombiano.