Buenaventura, Valle del Cauca – En un golpe contundente contra el almacenamiento ilegal de material bélico en el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico, un juez de control de garantías envió a prisión a dos hombres señalados de atesorar en sus viviendas un arsenal compuesto por munición calibre 5.56, granadas de fragmentación y otros pertrechos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Se trata de Jaminto Sinisterra Torres y Héctor Luilly Mendoza Nogales, quienes fueron capturados en el marco de dos allanamientos y registros simultáneos realizados por las autoridades en el barrio San Francisco, una zona residencial que, según los investigadores, había sido utilizada como centro de acopio de material de guerra.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la Nación, el primer operativo se llevó a cabo en la residencia de Sinisterra Torres, donde los uniformados hallaron, en medio de enseres domésticos, un lote significativo de municiones calibre 5.56 —las mismas que usa el fusil de asalto Galil y el M-16— y una granada de fragmentación en perfecto estado, lista para ser activada. El peligro latente para los habitantes del sector encendió las alarmas de las autoridades, pues un artefacto de esa naturaleza en manos de particulares representa un riesgo inminente de tragedia.
Simultáneamente, en la vivienda de Mendoza Nogales, los agentes encontraron más cartuchos del mismo calibre 5.56, pero pertenecientes a diferentes lotes de fabricación, lo que sugiere que el material provenía de diversas fuentes de aprovisionamiento. Además, las autoridades incautaron otros elementos que aún son materia de análisis pericial y que podrían estar relacionados con redes de tráfico de armas o grupos armados ilegales que operan en la región.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía les endilgó a los procesados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en concurso con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ambos delitos contemplan penas que superan los diez años de prisión, dada la peligrosidad del material decomisado.
Sin embargo, ni Sinisterra Torres ni Mendoza Nogales aceptaron los cargos en su contra. Sus defensas argumentaron que el material hallado no les pertenecía o que desconocían su procedencia, versión que no fue acogida por el juez, quien consideró que existían suficientes elementos materiales probatorios para dictar medida de aseguramiento en centro carcelario. En consecuencia, ambos deberán permanecer privados de la libertad mientras la Fiscalía avanza en la investigación y se prepara para llevar el caso a juicio oral.
Este caso pone en evidencia la preocupante circulación de munición de uso exclusivo militar en manos de civiles en el distrito de Buenaventura, un corredor estratégico para el narcotráfico y el contrabando. Las autoridades no descartan que detrás de este acopio existan conexiones con grupos armados organizados que buscan fortalecer su poder de fuego en la región, lo que mantiene en alerta a la comunidad y a las fuerzas de seguridad.
El proceso judicial continuará en los próximos meses, mientras la Fiscalía profundiza en el origen de las municiones y la posible participación de los capturados en redes más amplias de tráfico de explosivos. Mientras tanto, la tranquilidad de los residentes del barrio San Francisco, que vivieron con temor el operativo, sigue siendo una prioridad para las autoridades locales.
