La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció un paro nacional para el próximo 11 de junio, con marchas en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. La convocatoria busca respaldar las reformas sociales del Gobierno y la propuesta de una consulta popular, en medio de tensiones políticas y reclamos por derechos laborales.
Fabio Arias, presidente de la CUT, confirmó la movilización en una rueda de prensa, donde también respondió a las críticas del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien anunció una denuncia penal en su contra por supuesta coordinación de bloqueos a TransMilenio durante protestas anteriores.
Galán calificó como “inaceptable” que manifestantes afecten la movilidad de millones de ciudadanos, argumentando que los bloqueos ponen en riesgo la seguridad. Arias, por su parte, acusó al alcalde de intentar “intimidar y criminalizar la protesta social”, recordando que este es un derecho constitucional.
“No nos vamos a dejar amedrentar. Seguiremos en las calles defendiendo los derechos de los trabajadores”, declaró el líder sindical.
La CUT y otras organizaciones sociales buscan presionar para que avancen las reformas impulsadas por el Gobierno, que enfrentan resistencia en el Congreso. Además, exigen:
- Mayor protección laboral
- Defensa de los derechos sindicales
- Soluciones a las demandas sociales
Aunque aún no se han definido los puntos de concentración y rutas, se espera una alta convocatoria y posibles afectaciones a la movilidad en las ciudades principales.
Mientras las autoridades advierten sobre posibles interrupciones al transporte, la CUT insiste en que las protestas deben ser pacíficas, pero mantiene su postura de usar la movilización ciudadana como herramienta de presión.
El llamado es a un debate nacional sobre las demandas sociales, en un escenario donde la protesta sigue siendo un tema polarizado. El 11 de junio marcará un nuevo capítulo en este pulso entre movilización social y orden público.
#11JParoNacional ya comienza a circular en redes, anticipando una jornada que promete reactivar el debate sobre el derecho a la protesta versus la garantía de la movilidad urbana.
