La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle para anular una resolución que modificó sustancialmente el contrato de concesión del Muelle 13 de Buenaventura, un polémico caso que enfrenta al gobierno con el antiguo operador y las cooperativas de pescadores.
El conflicto se remonta a inicios de 2024, cuando Grupo Portuario, concesionario del Muelle 13, terminó su contrato y la administración del terminal pasó a manos de cooperativas de pescadores artesanales. Sin embargo, la ANI asegura que este traspaso se hizo mediante una resolución que incumplió requisitos legales clave en materia portuaria, ambiental y administrativa.
La ANI sostiene que:
🔴 No se cumplió con la reversión efectiva del muelle, un requisito previo exigido por la Vicepresidencia Jurídica de la entidad.
🔴 La modificación del contrato se aprobó sin garantizar la disponibilidad de la infraestructura, lo que generaría riesgos operativos y legales.
🔴 Faltaron estudios ambientales y técnicos suficientes para respaldar el cambio de concesión.
El Muelle 13 es un punto estratégico para la economía de Buenaventura, y su transición a las cooperativas de pescadores había sido vista como una oportunidad para la población local. Sin embargo, la demanda de la ANI podría revertir esa decisión, dejando en incertidumbre a los trabajadores informales que ya empezaban a operar en la zona.
El Tribunal Administrativo del Valle deberá resolver si anula o mantiene la resolución que entregó el muelle a los pescadores. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre la regulación portuaria, los derechos de las comunidades costeras y el cumplimiento de los contratos de concesión.
