– El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno Nacional que pretendía trasladar de forma inmediata los ahorros pensionales de miles de colombianos desde los fondos privados a Colpensiones. La medida judicial detiene el movimiento de cerca de 25 billones de pesos que pertenecen aproximadamente a 120 mil afiliados que recientemente pasaron de administradoras privadas al régimen público.
El decreto, según lo establecido por el alto tribunal, alteró las reglas fijadas por la ley sobre el momento exacto en que debe transferirse ese dinero. El Gobierno pretendía que los fondos privados entregaran el 100% de los recursos en un plazo máximo de un mes: el 50% en los primeros 20 días y el resto en los 10 días siguientes.
El Consejo de Estado explicó que la ley es clara al señalar que el ahorro debe permanecer en las administradoras privadas hasta que el afiliado cumpla efectivamente los requisitos para pensionarse. De lo contrario, ese dinero solo debe pasar al régimen público cuando el trabajador consolide su derecho a la vejez.
El tribunal advirtió que, si bien el presidente de la República tiene la facultad de reglamentar leyes, no puede cambiar su contenido ni sustituir las decisiones del Congreso. En este caso, el decreto modificó una regla sustancial al adelantar el traslado de los recursos de manera apresurada.
Entidades como el Banco de la República, la Contraloría General de la Nación y Asofondos ya habían cuestionado la intención del Gobierno, señalando que iba en contravía de lo establecido en la reforma pensional.
De los 120 mil ciudadanos que se trasladaron recientemente de fondos privados a Colpensiones, solo 20 mil están actualmente en condición de recibir su pensión. Por esta razón, el tribunal consideró necesario suspender la orden para evitar que el proceso perdiera eficacia jurídica y se pusiera en riesgo el ahorro de quienes aún no cumplen los requisicios para pensionarse.
La suspensión decretada por el Consejo de Estado regirá mientras se toma una decisión de fondo sobre la legalidad del decreto. En consecuencia, los ahorros seguirán bajo la administración de los fondos privados hasta que cada afiliado consolide su derecho a la jubilación.
Las autoridades judiciales continuarán analizando el caso en los próximos meses, mientras el Gobierno Nacional evalúa si presenta un recurso o ajusta la reglamentación para ajustarse a lo dispuesto por la ley y el alto tribunal.