Lo que comenzó como una viralización más en redes sociales ha desencadenado una seria alerta legal y ética en Colombia. Un archivo de Excel, titulado de manera informal como el “registro de infieles”, se propagó rápidamente por internet, exponiendo nombres completos, fotografías, departamentos y redes sociales de personas señaladas de infidelidad. Aunque el formulario original fue desactivado, su contenido continúa circulando a través de capturas de pantalla y listas alternas, evidenciando cómo un acto de supuesta “justicia por mano propia” puede traspasar la frontera digital y convertirse en un potencial delito.
Expertos en derecho digital han levantado la voz sobre los graves riesgos que implica esta práctica. Nixon Adriano Forero Forero, gerente de la firma BLONTIME SAS, explica a Publimetro Colombia que, si bien inicialmente podría pensarse que quienes recopilan los datos son “víctimas”, la creación y difusión masiva de una base de datos estructurada cambia por completo el panorama legal.
Esta acción se enmarca, principalmente, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho fundamental a la protección de datos personales. Al publicar información que permite identificar a una persona sin su autorización expresa, se configura una vulneración clara. El riesgo es exponencialmente mayor si se incluyen datos sensibles—detalles íntimos de la relación o la vida sexual—, lo que puede derivar en discriminación y daños profundos a la integridad moral.
La situación va más allá de una falta ética y se adentra en el terreno penal. El abogado Forero detalla los tipos penales que podrían configurarse con este caso:
- Hostigamiento (Art. 220 del Código Penal): Cuando se promueven acciones para afectar a alguien por motivos discriminatorios. Pena: 12 a 36 meses de prisión.
- Injuria (Art. 220 del Código Penal): Al imputar públicamente a alguien una condición deshonrosa (como la infidelidad). Pena: 16 a 54 meses de prisión.
- Calumnia (Art. 221 del Código Penal): Si se atribuye falsamente la comisión de un delito. Pena: Hasta 72 meses de prisión.
- Violación de datos personales (Art. 269F del Código Penal): Por recolectar, compilar o divulgar datos personales sin autorización. Conlleva penas de prisión y multas cuantiosas.
“En todos los casos, la línea roja es no contar con el consentimiento del titular de los datos”, enfatiza Forero.
Para las personas cuyos datos fueron expuestos sin su consentimiento, la ley ofrece caminos de acción:
- Denuncia Penal: Acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación para reportar los hechos. Las publicaciones y capturas sirven como evidencia para iniciar una investigación que podría terminar en una condena para los creadores y distribuidores.
- Reparación de Daños: En caso de una condena, las víctimas pueden solicitar un incidente de reparación integral dentro del mismo proceso penal para reclamar perjuicios morales y materiales. Alternativamente, pueden iniciar un proceso civil independiente para este fin.
Pese a las advertencias, en redes sociales persisten las solicitudes para “añadir nombres” o consultar las listas. Es crucial entender que no solo el creador del archivo, sino también quienes lo comparten, replican o utilizan para hostigar, pueden incurrir en responsabilidades legales solidarias.
Este caso del “Excel de los infieles” trasciende el morbo y el escándalo momentáneo. Es un reflejo preocupante de la normalización de la violencia digital y la exposición pública sin consentimiento, prácticas cuyas consecuencias—legales, psicológicas y sociales—son tan reales y permanentes como cualquier delito cometido en el mundo físico. Sirve como un recordatorio urgente: en la era digital, los datos personales son extensiones de la identidad, y su violación es una agresión con nombre, apellido y potencial sanción judicial.