– En un fallo que impacta de lleno la política de salud del Gobierno nacional, el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Ejecutivo buscaba reorganizar el sistema de salud y modificar la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia.
La decisión del alto tribunal responde a una demanda que advierte sobre posibles afectaciones al derecho fundamental de los usuarios a elegir libremente su entidad prestadora de salud. Los demandantes también alertaron sobre el riesgo de que se generaran traslados masivos e involuntarios de afiliados como consecuencia de la nueva reglamentación.
Uno de los aspectos más controversiales del decreto suspendido era la facultad de redistribuir pacientes entre diferentes EPS con base en criterios poblacionales y regionales, sin considerar necesariamente la voluntad de los usuarios. De acuerdo con los argumentos presentados ante el Consejo de Estado, una parte significativa de esos afiliados terminaría siendo asignada a la Nueva EPS, una entidad que actualmente enfrenta graves dificultades operativas y múltiples cuestionamientos por la calidad en la atención a sus usuarios.
La suspensión provisional implica que, mientras el Consejo de Estado estudia de fondo la legalidad del decreto —un proceso que puede tomar varios meses—, sus efectos quedarán temporalmente sin aplicabilidad. Esto significa que las EPS continuarán operando bajo las reglas anteriores, y los afiliados mantendrán su capacidad de elección de entidad sin riesgo de ser reasignados forzosamente.
Frente a esta decisión, el Gobierno defendió enfáticamente el decreto suspendido. Argumentó que la norma buscaba mejorar la cobertura en regiones apartadas y reducir la fragmentación del sistema de salud, dos problemas estructurales que han afectado históricamente la prestación del servicio en el país. No obstante, por ahora, las pretensiones del Ejecutivo tendrán que esperar el pronunciamiento definitivo del tribunal.
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