Norte de Santander. La confirmación del fatal desenlace del vuelo de Satena, desaparecido el miércoles con 15 personas a bordo, ha dado paso a una de las operaciones logísticas y de seguridad más complejas en la reciente historia del departamento. El avión bimotor Beechcraft 1900, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, fue encontrado sin sobrevivientes en la vereda Curacica, una escarpada zona montañosa del municipio de La Playa de Belén.
La tragedia, que enluta a todo el país, cobró la vida de 13 pasajeros y dos tripulantes. Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) del Catatumbo, quien viajaba junto a su asistente, Natalia Acosta. También perecieron el candidato al Congreso Carlos Salcedo y otras nueve personas, cuyas identidades ya fueron reveladas por las autoridades.
La recuperación de los cuerpos y los restos de la aeronave se ha topado con un obstáculo mayúsculo: la extrema complejidad de seguridad de la zona. El área de la tragedia está catalogada como de alta influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha convertido el operativo humanitario en un delicado despliegue militar y logístico.
Las autoridades han diseñado un plan meticuloso que prioriza el aseguramiento del área antes de cualquier intervención. Esto incluye la revisión de puntos críticos, la identificación de riesgos, el despliegue de tropas en zonas aledañas y el apoyo constante de medios aéreos y sistemas de vigilancia. Solo tras garantizar condiciones mínimas de seguridad, los equipos de rescate y criminalística pueden avanzar en su penosa labor.
El proceso posterior al rescate es igualmente arduo. Los cuerpos deben ser trasladados primero, en un lento y complicado recorrido por trochas montañosas, hasta el casco urbano de La Playa de Belén. Desde allí, emprenderán un último viaje por carretera hacia la ciudad de Cúcuta, donde la sede regional de Medicina Legal podrá realizar los procesos de identificación y necropsia legal que la ley exige.
Esta logística, que podría tomar días, añade un capítulo de dolor a la ya de por sí devastadora tragedia para las familias, quienes deben esperar en la incertidumbre mientras sus seres queridos recorren un territorio marcado por la violencia.
La muerte del representante Quintero Amaya añade una profunda carga simbólica al suceso. Elegido en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en el Catatumbo, su labor se centraba precisamente en buscar soluciones para una región históricamente azotada por el conflicto armado. Su fallecimiento en estas circunstancias subraya la cruda paradoja y los riesgos extremos que persisten en estos territorios, incluso para quienes trabajan por construir paz.
La nación entera observa con pesar cómo el rescate de las víctimas de un accidente aéreo se ve entrelazado con las duras realidades del orden público en Colombia, recordando que, incluso en medio de la tragedia colectiva, el conflicto armado impone sus propias y desafiantes reglas.