Redacción BL
El ministro de Transporte, William Camargo, señaló que la concesión vial Autopistas del Caribe deberá entrar en etapa de reversión, tras no haber logrado su cierre financiero.
En declaraciones entregadas a El Heraldo, el titular de la cartera indicó que se revisará cómo se desactivan algunas de las funciones que tenía la firma encargada y, mientras se cierra el contrato, esta se limitaría a realizar un mantenimiento mínimo en la vía.
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Según explicó el ministro, esta determinación respondería al déficit financiero que se ha generado y que obstaculiza la continuación del proyecto.
«El recaudo que habían logrado los otros peajes y alimentaba la subcuenta, ya no permite cubrir la pérdida de ingresos del peaje de Tubarco. Se ha generado un hueco inmenso que botó al piso, literalmente, la posibilidad de que esa concesión se haga», le dijo al medio.
¿Qué dice la concesión?
Las declaraciones del ministro prendieron las alarmas de la empresa encargada de llevar a cabo esta iniciativa, la cual buscaba mejorar la conectividad entre Bolívar y Atlántico a través de la intervención de 253 kilómetros de la vía La Cordialidad.
A través de un comunicado, la concesión Autopistas del Caribe alertó del impacto que tendría la terminación de este contrato.
«Con la terminación anticipada de este proyecto, pierde el país y se impacta directamente la competitividad de las regiones, traduciéndose en el corto y mediano plazo en el lento crecimiento de la economía, aumento del desempleo, disminución de la inversión extranjera directa, la disminución de la calidad de vida y el declive de la infraestructura vial», resaltó la concesión.
La firma también hizo énfasis en que tendría un impacto en más de 7 mil puestos de trabajo formales y en $4,3 billones en inversión para la región. También se verían afectadas «las compras en bienes y servicios, y las actividades sociales que apoyan y generan bienestar a las comunidades».
Autopistas del Caribe
Agencia Nacional de Infraestructura
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De la misma manera, la empresa señaló que poner fin a esta concesión resultará en la interrupción de las labores de mantenimiento, lo que podría llevar a un deterioro acelerado de las condiciones del corredor vial, impactando negativamente la seguridad vial y el confort de los usuarios.
Además, la decisión implicará «la terminación de contratos con proveedores y contratistas que han brindado servicios y suministros esenciales para nuestras operaciones. Esta medida tendrá un impacto negativo en la economía local y en las empresas asociadas con el proyecto».
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Por otro lado, la concesión destacó que desde el inicio del proyecto en 2014, ha participado activamente en diversos escenarios de diálogo. Sin embargo, las presiones y la desinformación generadas por ciertos sectores han obstaculizado su avance.
De igual forma, resaltó que, pese a los intentos por desmantelar el proyecto, los peajes que fueron objeto de múltiples quejas seguirán en operación.
«Resulta paradójico que después de las múltiples marchas, enfrentamientos y grandes cantidades de dinero que corrieron para financiar este boicot hacía un proyecto de la gente y para la gente, vayan a quedar las mismas estaciones de peaje que por tanto tiempo fueron la queja de supuestos lideres sociales y que hoy gracias a ellos, ni se desmontarán y tampoco se dejarán de cobrar en manos de la Nación», destaca el comunicado.
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