Gremios de transporte alertan sobre crisis por 79 bloqueos en 2025, con más de 800 horas de vías cerradas en el país.
Buenaventura, Valle del Cauca – Después de varias horas de interrupción, la vía Buenaventura-Buga fue habilitada en la noche del jueves 5 de junio, según confirmó la Unión Vial Camino del Pacífico, concesionaria a cargo de este corredor estratégico. El cierre, provocado por una protesta de la comunidad indígena ACIVA RP, generó un caos vehicular y renovó las críticas por los recurrentes bloqueos que afectan la movilidad y la economía en la región.
Integrantes de ACIVA RP cerraron la vía en el sector La Delfina en rechazo a los incumplimientos del Gobierno Nacional en acuerdos pactados para atender problemáticas sociales en su territorio. Los manifestantes exigían la presencia de una delegación oficial para mediar en sus demandas, pero al no recibir respuesta, mantuvieron el bloqueo hasta pasadas las 8:00 p.m.
La medida afectó el tránsito de camiones de carga, vehículos particulares y transporte intermunicipal, generando largas filas en una ruta clave para el comercio desde el puerto de Buenaventura, el más importante del Pacífico colombiano.
El gremio Colfecar (Colombianos Federados de Transporte de Carga) encendió las alarmas por el impacto de los bloqueos en el primer semestre de 2025:
- 79 cierres viales registrados entre enero y mayo.
- 845 horas acumuladas de vías bloqueadas.
- Departamentos más afectados: Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico, Cesar y Meta.
“Es una situación insostenible que golpea al transporte, al agro, la industria y a millones de colombianos”, denunció Colfecar, criticando la falta de acción del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Transporte.
Mientras las autoridades restablecieron el tránsito en Buenaventura, los gremios insistieron en la urgencia de:
- Diálogo permanente con comunidades para evitar protestas que corten vías.
- Respuesta oportuna del Gobierno a acuerdos pendientes.
- Protección al derecho a la movilidad, vital para la economía nacional.
El caso reaviva el debate sobre cómo equilibrar el derecho a la protesta con el funcionamiento de corredores logísticos clave para Colombia.
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