Estos 70 grupos, colectivos, fundaciones y movimientos dicen que no existe ningún decreto o medida diferencial para las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica. Por lo que piden al gobierno políticas de priorización para ellos.
En una carta dirigida al Gobierno, los grupos de víctimas aseguran que su población está conformada por madres cabeza de hogar, adultos de la tercera edad (algunos en abandono), campesinos y trabajadores informales. Por lo que tienen que suplir sus necesidades esenciales: pagar arriendo, servicios públicos y alimento básico.
“Hasta el momento de las acciones anunciadas por el Gobierno, no existe ningún decreto o medida diferencial para las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, desconociendo que somos una población que históricamente se ha visto obligada a vivir en condiciones de pobreza extrema”, se lee en el documento.
Añaden que muchos de ellos han sido víctimas de desplazamiento forzado, lo que los ha empujado a llevar una vida en la informalidad y los hace más vulnerables a estas situaciones. Aseguran que la población desplazada tiene un índice de pobreza de 63.8 %, un 48 % mayor a la de la población general. Además, manifiestan que el índice de pobreza extrema de las víctimas de desplazamiento forzado es de 33 % en contraste con el 7,4 % del resto de la población.
“Estas cifras son una muestra de que las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica somos la población más pobre del país, por ello es inconcebible que no existan medidas especiales para tratar de manera efectiva e inmediata la situación de vulnerabilidad en la que llevamos viviendo más de seis décadas y que con este contexto se agudiza”, afirmaron las víctimas.
Por otro lado, resaltan que de todas las personas que el Estado reconoce como víctimas el 81 % no tienen un vivienda en condiciones dignas y que aproximadamente el 52 % de los hogares desplazados habitan viviendas en condiciones de riesgo y sin servicios públicos: “Sin techo, sin trabajo, sin tierra y sin condiciones de vida digna, somos también la población más propensa a contraer el coronavirus. De todas las víctimas que el Estado reconoce 978.560 somos adultos y adultas mayores de 61 años”.
Así mismo, consideran que la prolongación del aislamiento preventivo hasta el 27 de abril pone en riesgo su vida, pues gran parte las víctimas se han convertido en líderes y defensores de derechos humanos en sus comunidades y por esa razón han sido objeto de amenazas y estigmatizaciones: “Durante la cuarentena hemos tenido que confinarnos, en muchos casos sin garantías de seguridad, exponiéndonos a que las estructuras paramilitares, en complicidad con el Estado, atenten contra nuestras vidas para sembrar el miedo en nuestras comunidades y procesos organizativos”.
“Por estas razones solicitamos al Gobierno Nacional que diseñe y aplique de manera articulada con las autoridades regionales (gobernadores/as y asambleas departamentales) y municipales (alcaldes y concejos municipales), políticas de priorización donde las ayudas, subsidios y apoyos se dirijan de manera urgente a las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, con el propósito de evitar situaciones de revictimización”, afirmaron los grupos en el documento.
Así mismo, dijeron que gran parte de las víctimas de los crímenes de Estado están en el subregistro del RUV, por lo que piden que se amplíen los criterios de priorización para las comunidades en condición de vulnerabilidad y disminuir el subregistro.
Finalmente, pidieron que se convoque a una mesa de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe encargarse de diseñar una política pública para desmontar el paramilitarismo.
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