Una demanda presentada ante la Corte Constitucional de Colombia busca modificar uno de los pilares de la protección a la maternidad laboral en el país: el tiempo de licencia remunerada. La iniciativa propone pasar de las actuales 18 semanas a 27 semanas, lo que equivale a más de seis meses de permiso.
El impulsor de la demanda es el alcalde de Mesitas del Colegio (Cundinamarca), Diego Andrés López, quien expuso los detalles de la propuesta en entrevista con el programa Mañanas Blu.
Actualmente, la licencia de maternidad remunerada en Colombia tiene una duración de 18 semanas (dos semanas preparto y 16 posparto, o 18 posparto a elección de la madre). Este permiso es financiado por el sistema de salud a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y no representa un costo directo para el empleador.
La demanda plantea extender la licencia a 27 semanas, argumentando que este periodo se alinea con estándares internacionales de salud maternoinfantil. Como sustento, el demandante cita lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de UNICEF, que recomiendan al menos seis meses de lactancia materna exclusiva para garantizar un óptimo desarrollo del bebé y reducir riesgos de enfermedades a corto y largo plazo.
Según explicó López, la medida no solo beneficiaría la salud de los menores, sino que también podría generar ahorros futuros para el sistema de salud colombiano, al prevenir afecciones que requieren tratamientos costosos.
A pesar de los argumentos en favor de la salud infantil, la propuesta ha generado controversia entre expertos en economía y mercado laboral. Las principales preocupaciones son:
- Posible discriminación laboral contra las mujeres: Algunos analistas advierten que una licencia más larga podría desincentivar la contratación femenina, especialmente en empresas pequeñas y medianas, donde la ausencia prolongada de una trabajadora puede ser difícil de cubrir.
- Brechas de género en el empleo: Colombia aún enfrenta tasas de desempleo femenino más altas que las masculinas y una menor participación laboral de las mujeres. Ampliar la licencia sin medidas complementarias podría agravar estas cifras.
- Financiación del sistema: Aunque hoy la licencia es cubierta por las EPS y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), una extensión significativa implicaría un mayor gasto para el sistema de salud, cuya sostenibilidad deberá evaluarse.
La Corte Constitucional deberá analizar los argumentos jurídicos, médicos y económicos presentados en la demanda. El alto tribunal tiene la facultad de declarar exequible (constitucional) el esquema actual o modificar la norma si considera que el derecho a la salud y la protección a la maternidad exigen un periodo mayor.
De prosperar la demanda, el Congreso o el Gobierno tendrían que ajustar la legislación laboral y definir las fuentes de financiación. Se espera que la Corte emita un fallo en los próximos meses, aunque aún no hay fecha definida.
⚠️ Nota: Este contenido tiene fines informativos y está sujeto a cambios según las decisiones judiciales y legislativas que se adopten en el futuro.
