El desafío de la paz en el Pacífico: Buenaventura, entre la esperanza y la presión criminal
Mientras el país se prepara para el cambio de mando presidencial el próximo 7 de agosto, una de las alertas más críticas llega desde el litoral pacífico. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó un contundente mensaje tanto a las bandas criminales de la región como al próximo jefe de Estado: sin decisiones claras y compromisos reales, la seguridad en Buenaventura seguirá siendo una promesa incumplida.
En declaraciones recientes, la mandataria puso el foco sobre los grupos de los Shottas y los Espartanos, estructuras que mantienen en zozobra a la ciudad y sus alrededores con disputas territoriales, homicidios selectivos y un control social basado en el miedo. Pero Toro fue más allá del discurso habitual de “cese de fuego”: exigió que cualquier proceso de paz incluya el desarme efectivo y, sobre todo, el fin de las extorsiones que ahogan a la población más humilde.
“Los pactos no consisten solo en evitar las agresiones físicas mutuas entre delincuentes. No volver a extorsionar a la gente que vende todos los días su papita, las platoneras, los agricultores, los comerciantes, eso también forma parte del proceso de paz”, enfatizó la gobernadora.
Su llamado tiene un doble destinatario. Por un lado, a los cabecillas de las bandas, para que demuestren “un verdadero cambio” dejando las armas y cesando el cobro de vacunas que afecta hasta al más pequeño vendedor informal. Por otro, al presidente entrante, a quien le recordó que aún no ha definido su estrategia concreta para el Pacífico colombiano.
Toro fue clara al señalar que el destino de estos grupos criminales no depende únicamente de la voluntad local. “Eso es una decisión ya del presidente, todavía no ha dicho cuál va a ser su estrategia, cuál va a ser su visión”, afirmó, en un tono que mezcla la prudencia con la urgencia. La gobernadora confía en que el mandatario electo, que ha hablado insistentemente de seguridad, “genere todas las condiciones” para una intervención integral, pero advirtió que el tiempo apremia y las comunidades vulnerables no pueden esperar.
El enfoque de la dirigente departamental rompe con el esquema tradicional de negociaciones centradas únicamente en la reducción de homicidios. Para ella, la paz en Buenaventura debe medirse también por la libertad económica de los ciudadanos, que hoy viven atrapados entre el fuego cruzado de las bandas y el chantaje diario de los cobros forzados.
Más allá del orden público, la gobernadora presentó una batería de prioridades regionales que requieren el respaldo financiero y político del Gobierno Nacional. Entre los proyectos estrella que el Valle le pide a la nueva administración —encabezada por el designado director del Departamento Nacional de Planeación, Iván De la Espriella, en su rol de enlace con las regiones— destacan:
- Sustitución de cultivos de coca en Jamundí, una apuesta por la economía legal en zonas de alta conflictividad.
- Avance técnico del Tren de Cercanías, un proyecto clave para la movilidad y el desarrollo del sur occidente.
- Soluciones definitivas para el acueducto de Buenaventura, que padece un déficit histórico en agua potable.
- Recursos para saldar la millonaria deuda del sector salud, que compromete la atención de miles de vallecaucanos.
Toro insistió en que el departamento está listo para construir consensos, pero dejó claro que la transformación real de las comunidades no será posible sin una inyección decidida de recursos nacionales y una política de seguridad que articule lo militar, lo social y lo económico.
La postura de la gobernadora refleja el cansancio de una región que ha sido tradicionalmente olvidada, pero que hoy exige respuestas concretas. Mientras los Shottas y Espartanos siguen disputándose el control del puerto más importante del Pacífico colombiano, la población clama por algo más que treguas temporales: pide que el nuevo Gobierno pase de las palabras a los hechos, y que las bandas entiendan que la paz no es un favor, sino un derecho.
El reloj corre. El 7 de agosto el país tendrá un nuevo timón, y Buenaventura estará atenta a si la estrategia presidencial incluye, finalmente, una hoja de ruta que desmonte no solo los fusiles, sino también las extorsiones que asfixian a los más pobres. Como sentenció Toro: “El presidente que ha hablado tanto de seguridad, por supuesto va a generar todas las condiciones” — pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuáles serán esas condiciones y, sobre todo, cuándo llegarán?
