Buenaventura, Valle del Cauca – 4 de mayo de 2026. En una rueda de prensa realizada este lunes, el asesor jurídico de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, Edinson Bioscar Ruiz, salió al paso de informaciones falsas que circulan en redes sociales y aclaró la situación legal y operativa del nuevo embarcadero turístico de la ciudad, una obra financiada por la Gobernación del Valle con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos.
El funcionario fue contundente al desmentir la existencia de una empresa privada constituida para operar el muelle. “Ese documento que ustedes ven allí es falso. Seguramente a alguien se le ocurrió para hacer daño […] un acta de Constitución no tiene membrete de Cámara de Comercio”, afirmó Ruiz Valencia, refiriéndose a unos papeles que han circulado en redes sociales sobre una supuesta nueva entidad administrativa encargada del embarcadero.
En cuanto a la propiedad de la infraestructura, el asesor jurídico explicó que, por mandato legal, el Distrito de Buenaventura no puede ser propietario de un bien ubicado en la zona de bajamar. “Le pertenece a la Nación y nadie puede usufructuarlo sino a través de la figura de licencia, permiso o concesión”, precisó.
Ruiz Valencia también cuestionó el actual contrato de comodato suscrito con el Invías para el antiguo embarcadero, al que calificó como un “proceso ilegal”. Citó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para respaldar su afirmación: “La misma ANI manifiesta que el comodato no es la figura para entregar, administrar u operar un bien de uso público ubicado en la bajamar”.
El asesor jurídico fue enfático al describir el estado actual del viejo embarcadero: “Esa estructura es caduca, obsoleta, es una chatarra; la Dimar dijo que ese embarcadero tenía problemas físicos y amenazaba con una tragedia de proporciones”. Esta situación, según explicó, obligó a la Gobernación del Valle a asumir el proyecto ante la falta de recursos del Distrito.
Ruiz Valencia aclaró un punto que ha generado confusión en la opinión pública: “No es correcto decir que a la Gobernadora le entregaron el embarcadero. Lo que hizo fue tramitar una concesión para construir un nuevo embarcadero para reemplazar la estructura caduca”. Agregó que la Gobernación se tomó ocho meses haciendo estudios y diseños para cumplir con todos los requisitos legales.
El funcionario también se refirió a las facultades otorgadas por la Ley 1617 de 2013, precisando que estas no son absolutas en la zona de bajamar. “La ley dice que todo se realizará conforme a las disposiciones legales vigentes […] sin perjuicio de las competencias que la misma ley le ha entregado a otras instituciones como la Dimar o la Armada”. Incluso señaló que la norma excluye expresamente al Concejo Distrital de intervenir en esa zona.
Finalmente, el asesor jurídico fue claro sobre la imposibilidad de que la Gobernación entregue la operación del embarcadero de forma gratuita a particulares. Citó el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe a todas las ramas del poder público realizar donaciones o auxilios. “La Gobernadora no puede entregar eso gratuito a nadie”, sentenció.
Ruiz Valencia concluyó su intervención con un llamado a los líderes políticos y a la ciudadanía en general: “Hay personas que pretenden justificar su inacción desinformando a la gente […] bienvenido el debate, pero que sea con la verdad y bajo el ordenamiento jurídico colombiano”.
