La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) y sus empresas agremiadas le expresaron al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) su preocupación con relación a la actual situación financiera de los comercializadores.
A través de una carta dirigida al titular de la cartera de Energía, Ómar Andrés Camacho, y al director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), José Fernando Prada, el gremio expuso los riesgos e impactos que se vislumbran en el panorama, así como algunas solicitudes y propuestas a tener en cuenta.
Según explica Asocodis, el problema de liquidez que enfrentan las firmas comercializadoras de energía se ha acentuado a causa de las demoras y falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria, así como por otras deudas de entidades estatales, las cuales agravan la exigencia en el flujo de caja y generan insolvencia.
A lo anterior se le suman otros factores como las condiciones del mercado, el fenómeno de El Niño, la tendencia al alza de los precios en bolsa, el incumplimiento y suspensión de suministro de energía de los contratos de las subastas de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y los niveles de oferta.
(Vea: Colombia ha aumentado importaciones de GNL para enfrentar a El Niño).
En ese orden de ideas, la agremiación alertó sobre como la situación general no solo podría afectar la operación del sector y sus agentes, sino también las inversiones requeridas para mantener “un servicio confiable y de calidad”.
Cifras de la agremiación señalan que les adeudan a la fecha $7,2 billones, de los cuales $4,95 billones corresponden a saldos acumulados por opción tarifaria dada a los usuarios, es decir, valores que se difirieron ante alzas de precios; seguido por $1,18 billones de subsidios y $911.000 millones de deuda oficial y usuarios protegidos por la Constitución.
Incluso todavía hay un saldo adicional de $236.000 millones, correspondiente a las medidas de alivio a los consumidores durante la pandemia.
(Vea: Comercializadores de energía plantean salidas al estrés financiero).
Servicio de energía eléctrica
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Entre los aspectos que el gremio está que, si bien la demanda ha venido asumiendo la remuneración del cargo por confiabilidad para garantizar energía en condiciones de hidrología crítica, aún persisten algunas inquietudes relacionadas con la entrada en operación de algunas plantas de generación por retrasos en proyectos.
De la misma manera, hay dudas sobre los niveles de los embalses; la logística y disponibilidad oportuna del suministro y transporte de los combustibles necesarios para la operación de las plantas de generación térmicas.
Así mismo, Asocodis expresó que en los últimos días de agosto se reportan valores por encima de los $800 por kilovatio hora, y con la llegada de El Niño estos podrían mantenerse o incluso incrementarse, dependiendo de la duración e intensidad de este evento climático.
Dijo que también hay líos para aumentar la cobertura de la demanda regulada de las comercializadoras a causa de una estrechez entre la oferta y la demanda, cuyo comportamiento se ha visto impactado por las recientes olas de calor.
En lo que se refiere a la exposición a bolsa, la agremiación destaca que el promedio para el 2023 y 2024 se sitúa en 21%. No obstante, para ese mismo periodo hay empresas que reportan un nivel en el 50% o superior.
(Vea: ‘Hoy el 65 % de la electricidad se desperdicia’: Schneider).
Ante este panorama, Asocodis solicitó al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg establecer y adoptar soluciones estructurales para resolver las dificultades asociadas a los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria.
Se busca evitar la presión al alza de las tarifas, las afectaciones a los usuarios, disminuir el riesgo e impacto en el flujo de caja de las empresas comercializadoras, y, en consecuencia, contrarrestar el riesgo sistémico para el sector.
Así las cosas, propuso una mayor flexibilidad en la aplicación de la opción tarifaria, de manera que sea voluntaria y opcional por cada comercializador, lo cual incluye que los porcentajes de variación puedan ser definidos por cada agente, por nivel de tensión, por sector o por estratos, según las condiciones y dinámica de su mercado, entre otros factores.
Asocodis también resaltó la importancia de incorporar en el Presupuesto General de la Nación del 2024 la suma de $5,1 billones, monto requerido para cubrir las necesidades de subsidios de los usuarios hasta diciembre del próximo año.
Y sugirió la entidad que también se explore la inclusión en el proyecto de ley del PGN 2024 algunas herramientas que permitan brindar liquidez a las empresas como: habilitar recursos de crédito y realizar prepagos de subsidios para aliviar la caja de las compañías.
(Vea: Lanzan campaña para promover el uso seguro y legal de la energía).
Además, que se continúen realizando los respectivos anticipos según lo establece la normatividad.
De igual forma, plantea establecer un mecanismo efectivo que permita a las empresas recuperar la deuda oficial y de usuarios de bienes constitucionalmente protegidos.
Todas estas soluciones con el objetivo de contribuir a recuperar las deudas y que estas no continúen incrementándose de manera significativa.
Ahora bien, con relación a las garantías para la compra de energía y su optimización, la agremiación recomienda analizar los niveles actuales exigidos y explorar la posibilidad de optimizar los costos de estos respaldos, pero sin poner en riesgo alguno la estabilidad del sector.
Como producto de la situación reciente en los comercialiazadores de energía, datos de Asocodis señalan que, de los $7,2 billones adeudados al sector, alrededor del 50% corresponde los dos operadores de la región Caribe.
(Vea: Regalías caerían a la mitad en un escenario de transición).
El efecto en la oferta de contratos
El incumplimiento o suspensión de los contratos de suministro de energía de fuentes renovables no solo subiría la exposición al precio de bolsa de los agentes, aumentando este indicador entre el 8 y 10 puntos porcentuales, lo que a su vez acentuaría los problemas de solvencia de algunas firmas.
Adémás, ponerle el freno a estos contratos también podría ocasionar incrementos de entre el 5 % y 6 % en el costo unitario del servicio, representando sobre costos para los usuarios de cerca de $170.000 millones mensuales durante los meses siguientes y hasta diciembre.
(Vea: Caribe: no hay alerta de racionamiento de luz).
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