Una grave denuncia sobre el desplazamiento forzado de docentes en las zonas rurales de Buenaventura, Valle del Cauca, fue puesta sobre la mesa en el Congreso de la República. El representante a la Cámara Hernando González, del partido Cambio Radical, alertó sobre una crisis humanitaria y educativa que se profundiza debido a las constantes amenazas y extorsiones perpetradas por grupos criminales contra los maestros.
De acuerdo con el congresista, estos hechos de violencia han obligado a los educadores a abandonar sus puestos de trabajo por temor a represalias, lo que a su vez ha provocado que cientos de niños se queden sin acceso a la educación. González señaló que esta situación es el resultado directo de la desprotección del Estado en estos territorios, donde la presencia de actores armados al margen de la ley se ha incrementado.
“En la parte rural están amenazándolos y extorsionando a los maestros, cosa que me parece muy grave, porque no pueden ir a trabajar los maestros y, por lo tanto, los niños no pueden ir a sus clases en sus escuelas, porque reciben amenazas constantes”, sostuvo el parlamentario durante su intervención en la plenaria de la Cámara.
Esta no es la primera vez que se alerta sobre el impacto del orden público en la educación en el departamento. El propio González había advertido con anterioridad que estudiantes de colegios y universidades se vieron forzados a optar por la virtualidad para preservar sus vidas ante amenazas similares. Asimismo, recordó que los enfrentamientos entre bandas criminales han sumido en el terror a la población de Buenaventura, confinando a los jóvenes en sus hogares y interrumpiendo su derecho a la educación.
Frente a esta crítica situación, el representante hizo un enérgico llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que tomen medidas inmediatas que garanticen la seguridad en el Valle del Cauca. Subrayó la urgencia de proteger a la comunidad educativa y de respetar las escuelas como territorios de paz, enfatizando que los niños y jóvenes “son el futuro de este país”.
La crisis en Buenaventura evidencia cómo el conflicto armado y la criminalidad continúan vulnerando derechos fundamentales, como la educación, y profundizan las brechas sociales en las regiones más afectadas por la violencia. La comunidad espera una respuesta contundente del Gobierno nacional para frenar el desplazamiento de docentes y asegurar el regreso de los estudiantes a las aulas.
