La historia de Colombia se repite en varios de sus capítulos. Cada tanto, el país es sacudido por un nuevo escándalo de ‘chuzadas’ ilegales contra opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles que se han mostrado críticos del Gobierno de turno.
En el último episodio, ocurrido en los últimos meses, se detalló que ha habido operaciones de espionaje en las que “probablemente se han utilizado recursos de la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra en narcotráfico y que es muy probable que haya ciudadanos de Estados Unidos también en estas circunstancias”. El asunto está en plena investigación.
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Las consecuencias, sin embargo, llegarían más temprano que tarde. ¿Por qué? Es demasiado grave aquí y aún más allá. Con impuestos de los ciudadanos estadounidenses que se destinaron para ayudas a Colombia con los que, a su vez, se pudieron obtener equipos de interceptación para seguirles las pistas a los bandidos, se terminó cometiendo un delito contra estadounidenses.
Si en Colombia es grave porque saca a la luz las dificultades de nuestra democracia y muestra las falencias de nuestro de derechos, allá el debate sobre el cumplimiento de la Ley es a otro precio.
En este escenario, era natural que la situación tuviera efectos como lo acaba de dictaminar Washington. “Ningún equipo o suministros militares o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia (…) por Estados Unidos deben usarse para fines de vigilancia ilegal contra la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles la enmienda del congresista, Jim McGovern, en donde se le imponen duras condiciones a Colombia para poder seguir recibiendo ayuda de la Casa Blanca. En lenguaje coloquial: Estados Unidos exige no más ‘chuzadas’.
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“Ningún equipo o suministros militares o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en virtud de los programas de asistencia del sector seguridad de los Estados Unidos deben usarse para fines de vigilancia ilegal o recolección de Inteligencia dirigida contra la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”, dice el documento aprobado.
Ningún equipo o suministros militares o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia (…) por Estados Unidos deben usarse para fines de vigilancia ilegal
Y eso no es todo. En el documento se exige, también, que las autoridades colombianas deberán adelantar las investigaciones pertinentes que lleven al enjuiciamiento de los responsables de llevar a cabo vigilancia ilegal o recopilación de Inteligencia no autorizada.
La medida busca cortar de tajo es nociva práctica de espiar a los ciudadanos. Y es que en el último episodio conocido como ‘Las carpetas secretas’, además de un centenar de colombianos que estaban en la mira de una compleja operación por parte del Ejército, había también cinco estadounidenses.
Los periodistas John Otis. De National Public Radio e investigador de la ONG estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas y con amplia experiencia en la revista Time.
Nick Casey: corresponsal de The New York Times que en 2019 escribió un explosivo informe que revelaba que comandantes militares debían llenar formatos para proyectar el número de bajas.
Juan Forero, uno de los más experimentados y respetados reporteros de The Wall Street Journal.
Lynsey Addario: fotoperiodista que retrató al ELN en el Chocó para la prestigiosa National Geographic.
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Y el galardonado Stephen Ferry, uno de los más serios y respetados fotógrafos.
El documento resalta que en 120 días a partir de hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos deberán hacer entrega directa al Congreso de ese país un informe detallado sobre el uso que se le ha dado y que se le está dando en Colombia a la asistencia en seguridad brindada por la Casa Blanca.
Pero la cosa no es solo hacia delante. En el informe se exige que se debe especificar cualquier hallazgo con respecto a interceptaciones ilegales entre 2019 y 2020. Con la identificación y lo que pasó con los uniformados que participaron y las cadenas de mando que tenían en ese momento.
Y algo más, hay que explicar la destinación que tuvo la información obtenida por las unidades.
Como lo informó en detalle Sergio Gómez, corresponsal de EL TIEMPO en Washington, la Cámara de Representantes de EE. UU. incluyó en los últimos días cinco nuevas condiciones a la ayuda que este país anualmente da a Colombia y que podrían complicar el desembolso de la asistencia.
Las nuevas condiciones están incluidas en dos vehículos legislativos separados: el primero es en el presupuesto para las operaciones en el extranjero del Departamento de Estado, que ya fue aprobado a nivel de comité y solo le falta la plenaria.
El segundo es el Acto de Autorización para la Defensa Nacional (NDAA) que fue aprobado por el pleno de la Cámara este martes y que se relaciona al presupuesto del Departamento de Defensa.
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En el caso del presupuesto del departamento de Estado, que es donde se incluye parte de la ayuda que EE. UU. le da al país anualmente, la Cámara exige que se investigue y castigue a los responsables de espionaje dentro de las fuerzas armadas.
Y, finalmente, hay otro elemento trascendental. Este mismo presupuesto amarra el desembolso del 20 por ciento de la ayuda antinarcóticos a que primero se certifique que los programas de erradicación que adelanta el gobierno respetan los acuerdos del proceso de paz que se firmó con las Farc y los lineamientos que de la Corte Constitucional en este sentido.
En conclusión, la Cámara de EE. UU. prohíbe usar ayudas en aspersión aérea y espionaje a civiles.
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