La propuesta de la reforma tributaria de gravar con el IVA completo las boletas superiores a $500.000 pesos desata una alerta en el sector. Productores advierten sobre el encarecimiento de los eventos y aseguran que afectará a aficionados de todos los estratos.
BOGOTÁ, D.C. – Un nuevo capítulo en el debate de la reforma tributaria tiene en vilo a la multimillonaria industria de los espectáculos en vivo. La iniciativa del Gobierno Nacional de aplicar un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 19% a las boletas para conciertos y eventos cuyo valor supere las 10 UVT (aproximadamente $500.000 pesos) es vista como un “golpe letal” para un sector que alega operar con una ya abultada carga impositiva.
La medida ha encendido las alarmas de promotores, productores y artistas. Una de las voces más críticas es la de Diomar García, reconocido empresario detrás de algunas de las giras más grandes del país, como las de Karol G, Bad Bunny y Silvestre Dangond. García desglosó la cascada de impuestos que ya enfrenta cada boleta: un 10% para el Ministerio de Cultura (en boletas mayores a 3 UVT), entre un 6% y 10% en derechos de autor para entidades como Sayco y Acinpro, un 1% en impuestos locales de industria y comercio, y finalmente, el impuesto de renta sobre las ganancias.
“Esto no es un capricho de los precios. Un concierto de alto nivel tiene costos logísticos, de seguridad, técnicos y artísticos enormes. Estos impuestos son la razón principal por la que las boletas tienen el valor que tienen”, explicó García, refutando la idea de que los promotores son los únicos responsables de los altos costos.
El argumento del Gobierno de que el impuesto solo afectaría a los estratos socioeconómicos más altos fue categóricamente rechazado por el empresario. “Es un error pensar que solo los ricos van a conciertos. A estos eventos vienen personas de todos los estratos sociales; muchos ahorran por meses para ver a su artista favorito. Este IVA castiga ese esfuerzo y el acceso a la cultura”, afirmó.
El sector del entretenimiento, uno de los más dinámicos en la reactivación económica post-pandemia, se moviliza para alertar sobre las consecuencias de la medida: eventos más caros para el público, una posible disminución en la asistencia y el riesgo de desincentivar la llegada de artistas internacionales de primer nivel.
El debate está servido en el Congreso de la República. Mientras el Gobierno busca nuevos ingresos, la industria defiende que gravar la cultura no es el camino, sino que, por el contrario, se debe proteger a un sector que genera empleo masivo, reactivación y, sobre todo, alegría para millones de colombianos.
