“Suicida”. Así ha calificado el presidente Iván Duque, en numerosas ocasiones, la idea de discutir una reforma tributaria en medio de la lucha contra el coronavirus.
Hasta hace dos meses, en septiembre pasado, el primer mandatario afirmaba: “No podemos establecer estas reformas fiscales en medio de la pandemia. Yo creo que es muy riesgoso porque ¿qué se va a tributar? ¿A la clase media? ¿A los más pobres? ¿Más impuestos a las empresas? Eso afectaría la recuperación”.
No obstante, recientes declaraciones públicas del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla han expresado inequívocamente que en los planes del Gobierno Nacional está la discusión y aprobación de una reforma tributaria en 2021.
“Hacia adelante al país le toca hablar de impuestos. Nosotros tenemos una estructura tributaria que tiene que se sometida a modificaciones”, afirmó el jefe de las finanzas públicas hace pocos días.
Incluso su segundo de a bordo, el viceministro Juan Alberto Londoño, dio detalles sobre hacia dónde se orientaría la postura del equipo económico de Duque sobre temas tan espinosos como el futuro del IVA a los productos básicos.
La semana pasada, en una sesión en la Cámara de Representantes el viceministro Londoño dijo: “en la canasta familiar tenemos una cantidad de productos gravados con el IVA del 19 por ciento, que es el IVA que deberíamos tener general hablando de la canasta básica de alimentos”.
Que las autoridades económicas del Gobierno, con excepción de la Casa de Nariño, estén apuntando a elevar los impuestos para las empresas y los hogares colombianos en 2021 no debe, a estas alturas de la crisis del coronavirus, sorprender a nadie.
De hecho, la sorpresa es que, de acuerdo a las preocupantes cifras oficiales sobre el hueco fiscal del Estado en este año y el entrante, aún no exista una claridad meridiana sobre hacia dónde se dirigiría la reforma tributaria.
Como la mayoría de los gobiernos del mundo y con el limitado margen fiscal previo a la irrupción de la pandemia, el colombiano está endeudándose para poder financiar la disparada en el gasto público. El Ministerio de Hacienda ya actualizó sus proyecciones del déficit en las finanzas públicas: 8,9 por ciento del PIB en 2020 y 7,6 por ciento en 2021.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo ha estimado en unos 20 billones de pesos, unos dos puntos del PIB, el hueco para 2022. Esto es el equivalente a lo que recaudan aproximadamente tres reformas tributarias exitosas.
Sería ingenuo pasar por encima el inmenso costo político que significaría para el presidente Duque abrir en estos momentos la discusión de una reforma tributaria, en especial una tan agresiva como la que se requiere para cubrir el hueco que está dejando el coronavirus, y en un año preelectoral como 2021.
Un debate para subir impuestos golpearía el corazón de la estrategia de la coalición gobiernista, en especial el Centro Democrático, alrededor de su referendo, que incluye un puñado de medidas sociales y económicas.
Si bien en términos técnicos insumos como el de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios son claves para el diseño de la tercera reforma tributaria de Duque, en términos políticos lo más transparente sería destapara cuanto antes las cartas para esta nueva ronda de aumentos de impuestos a la economía.
Transparente porque, a todas luces, queda difícil que el presidente Duque cumpla su intención de no subir tributos en medio de una pandemia. Ni aún si arbitrariamente se decide que el fin de la pandemia es el anuncio de la vacuna, alcanza el tiempo para que el país evite un debate fiscal de esta naturaleza. Y claro porque empresas y hogares sabrán que, apenas saquen la cabeza, habrá que pagar las deudas del Gobierno.
Francisco Miranda Hamburger
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