La propuesta, que gravaría a unas 15.000 grandes compañías con tarifas entre el 0,6% y el 1,2%, ya genera fuertes reparos desde el gremio empresarial.
El Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de declarar una nueva emergencia económica que le permita recaudar cerca de $8 billones destinados a atender los estragos causados por la actual temporada de lluvias en el país. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al revelar que una de las vías que se analizan es la creación de un impuesto al patrimonio focalizado en grandes empresas.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, el tributo estaría dirigido aproximadamente a 15.000 compañías con patrimonios líquidos que oscilen entre $10.400 millones y $30.000 millones. La tarifa marginal propuesta fluctuaría entre el 0,6% y el 1,2%, dependiendo del monto del patrimonio. La iniciativa forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo estudia para financiar la atención de la crisis climática, cuyos efectos han golpeado con fuerza a diversas regiones del país en las últimas semanas.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado un rápido rechazo desde el sector productivo. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su inconformismo a través de un comunicado en el que señala que este tipo de gravámenes “podría afectar la inversión y el empleo”, justo en un momento en el que la recuperación económica aún enfrenta importantes desafíos.
A la voz de alerta se sumó el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, quien advirtió que recurrir de manera recurrente a impuestos al patrimonio “podría debilitar la capacidad económica del país para responder a futuras emergencias”. López sugirió explorar fuentes alternativas de financiación que no recaigan exclusivamente sobre el aparato productivo.
El anuncio se produce en medio de un intenso debate sobre la pertinencia de declarar nuevas emergencias económicas —figura que ha sido utilizada en administraciones anteriores para enfrentar crisis puntuales— y el impacto que estas medidas tienen sobre la estabilidad fiscal y la confianza empresarial.
Por ahora, la propuesta se encuentra en fase de análisis y, según fuentes oficiales, podría estar sujeta a modificaciones antes de ser presentada formalmente. El Gobierno no ha definido si la eventual declaratoria de emergencia se tramitaría por vía de decreto legislativo o si se buscará un trámite expedito en el Congreso.
Mientras tanto, las intensas lluvias continúan generando emergencias en varios departamentos, aumentando la presión sobre el Ejecutivo para que defina, en el corto plazo, los mecanismos mediante los cuales se financiará la respuesta institucional a la crisis climática.
