El anuncio del presidente Gustavo Petro de que tomaría las funciones de la Creg para cambiar las fórmulas que rigen las tarifas de la energía generaron una fuerte respuesta.
En el mismo auditorio en Cartagena, esta propuesta del presidente generó tanto aplausos como susurros de confusión. El mandatario aludió a un artículo del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, que permitía al gobierno o al Ministerio de Minas y Energía asumir las funciones de ajuste de la fórmula tarifaria, «cuando ello sea estrictamente necesario y motivado en la inclusión de nuevos agentes, actividades o tecnologías, cumpliendo con los criterios establecidos».
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Si bien expertos han considerado que el artículo 290 del PND no tiene el alcance para que el presidente ni la cartera de Energía asuman las funciones de la Comisión Reguladora, esta medida anunciada por el Presidente ya se puso en marcha.
De hecho, el director del Dapre, Mauricio Lizcano, señaló por medio de su cuenta de Twitter que «el Presidente @petrogustavo ordena al ministerio de minas, asumir funciones de Creg para intervenir el mercado de energía eléctrica».
Las respuestas no se hicieron esperar. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, consideró que las empresas ya habían planteado alternativas y que la mejor solución es técnica y no política. Y si bien expertos han considerado que esto podría llevar a una demanda de nulidad antes el Consejo de Estado, la propuesta ha recibido adeptos.
«Es entendible y justificado que si las circunstancias así lo ameritan el Ministerio de Minas y Energía reasuma las funciones y competencias delegadas en la Creg. (…) pero ello debe tener un carácter excepcional y temporal«, dijo Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.
Sobre el papel de la Creg ha habido también debate. El senador conservador, Efraín Cepeda, señaló que Petro hacía bien, dado que «las decisiones que la Creg toma nunca son por el usuario, sino por el generador». Sin embargo, Marc Hofstetter, profesor de economía de la Universidad de los Andes se preguntó por qué saltarse las instituciones que están diseñadas para esto.
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Servicio de energía
José Luis Valencia
El artículo 129 de la Ley 142 de 1994 establece que las tarifas «excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el servicio». Sin embargo, esto sigue estando dentro de las funciones que mantiene la Creg y no alcanzaría a asumir el gobierno ni el Ministerio.
De hecho, Acosta recuerda que la función del Ministerio debe centrarse en la identificación y caracterización del sector, así como formulación, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. Es decir, no está estructurado ni tiene las competencias para hacer de regulador.
El profesor asociado de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, señaló que los precios de la energía y el gas ya están regulados, según lo establecido por la Ley 142 y que «las facultades de regulación a la Creg son delegadas por el Presidente de la República, quien puede, de acuerdo con la Ley, resolver regular».
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Destacó que en situaciones extraordinarias, la regulación puede cambiarse. Matiza, no obstante, que lo mejor es hacer los cambios por medio de la Creg y no reasumiendo sus funciones.
De acuerdo con la Ley 143 de 1994, la Comisión Reguladora se compone de los seis expertos nombrados por la presidencia (en este caso, todos por el expresidente Iván Duque) y los ministros de Minas y Energía y de Hacienda, así como el director del DNP.
El debate continua y algunos expertos consideran que podría llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se tomaría la decisión de fondo.
Daniela Morales Soler
