Una niña de tan solo dos años se convirtió en la víctima más reciente de la violencia en el sur del Cauca. Su vida fue arrebatada por los disparos de un grupo armado que instaló un retén ilegal en la Vía Panamericana, el principal corredor vial del suroccidente del país. Su madre se debate entre la vida y la muerte.
Una tragedia que enluta a Colombia se registró en la tarde del lunes 18 de noviembre en el sector de Mojarras, entre los corregimientos de Mojarra y San Juanito, municipio de Mercaderes. Una familia que transitaba por la carretera que conecta Popayán con Pasto quedó atrapada en medio de un fuego cruzado luego de que, presuntamente, no acatara la orden de detenerse impartida por hombres armados.
De acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo en el que viajaba la menor fue blanco de una ráfaga de disparos perpetrada por el grupo ilegal. La bebé de dos años resultó gravemente herida por los impactos de bala. A pesar de los esfuerzos médicos, primero en el hospital de El Bordo y luego en el Hospital San José de Popayán, las lesiones fueron fatales y la pequeña perdió la vida.
El ataque no solo cobró la vida de la inocente menor. Otros ocupantes del automotor también resultaron lesionados, incluida la madre de la víctima, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y su estado de salud es reportado como crítico, luchando por su vida.
Las autoridades han señalado como presuntos responsables a la estructura Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, un grupo que ha convertido este tramo de la Vía Panamericana en un escenario de terror. Esta organización criminal es conocida por instalar sistemáticamente retenes ilegales con el objetivo de extorsionar, intimidar y cometer actos violentos contra la población civil que se atreve a transitar por esta zona estratégica.
Este corredor vial ha sido históricamente un foco de confrontación y control por parte de grupos armados, que someten a las comunidades a un constante riesgo y vulneran sus derechos más fundamentales.
Ante este hecho atroz, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de derechos humanos han alzado la voz, exigiendo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa acciones inmediatas y contundentes. Se demanda el fortalecimiento urgente de la seguridad en los puntos críticos de la Panamericana y la implementación de mecanismos de protección efectivos para las comunidades atrapadas en el fuego cruzado.
Como respuesta, las autoridades del Ejército y la Policía del Cauca han informado sobre el refuerzo de operaciones en la zona, con el objetivo declarado de desarticular el retén ilegal y capturar a los responsables de este ataque que enluta a una familia y conmociona a una nación. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿Cuándo se garantizará la seguridad en una de las vías más importantes del país?
