Cuando el país registra una clara mejora en las cifras de la pandemia de covid-19, los violentos hechos ocurridos esta semana en Bogotá, que sus promotores justifican en el homicidio del taxista Javier Ordóñez a manos de una unidad policial, nos recuerdan los otros frentes de la cruda realidad que el coronavirus apartó de nuestra vista unos meses. Despertamos de la pesadilla para verificar que no es la única.
Nada justifica que, durante un arresto, un grupo de agentes de la Policía haya dado muerte, cuando menos por exceso en el uso de la fuerza, al taxista Ordóñez, padre de familia de 44 años y quien se aprestaba a recibir su título de abogado. Ni siquiera el historial de rumbero y violador de las normas de cuarentena que algunos medios le atribuyen a la víctima. Todo apunta a que los agentes lo golpearon mortalmente dentro de un CAI, y deben recibir por ello severas penas judiciales y disciplinarias.
Qué triste que la Policía y el conjunto de la Fuerza Pública, que combatieron con éxito y con muchos sacrificios a las más sanguinarias mafias narcoterroristas y a una guerrilla envalentonada que secuestraba y mataba con sevicia, hoy sean noticia, sobre todo, por hechos tan condenables como este. El presidente Iván Duque heredó de Juan Manuel Santos unas Fuerzas Armadas divididas por el proceso de paz y penetradas por la corrupción. Podría haber mejorado las cosas, pero perdió 15 meses con Guillermo Botero, un mindefensa muy incompetente, y lo reemplazó por Carlos H. Trujillo, que luce desbordado por la crisis de las fuerzas bajo su mando.
Pero volvamos a esta semana. Al principio, algunos ciudadanos salieron a protestar de modo legítimo. Lo que vino luego fue todo, menos una reacción espontánea de miles de indignados ante lo ocurrido. Fue algo instigado, dirigido y desarrollado en virtud de un plan que, a todas luces, existe de antemano y es ejecutado paso a paso, una vez que algo enciende la mecha.
Quien lleva la voz cantante es el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que el jueves saludaba los ataques vandálicos a los CAI, con piedras y bombas incendiarias, y comentaba en Twitter, en tono de triunfo: “Se pensó que la pandemia dormiría al pueblo, hoy se ha reiniciado el movimiento popular”. Su maquinaria en las redes sociales, la más efectiva del país, le cumplió: la secuela de semejante incitación sumaba, el viernes al amanecer, 11 muertos y más de 400 heridos, con una Policía descontrolada, acusada de disparar a las protestas.
El petrismo tiene un plan insurreccional y lo está llevando a cabo. No sé si le sirva para ganar la presidencia, pues no veo a los vándalos –que suelen ser personas marginales, apartadas de todo ejercicio institucional– haciendo fila para votar en 2022. Y en cambio veo a muchos votantes de clase media (los que definen la segunda vuelta presidencial) asustados ante la embestida violenta que alienta el exalcalde. Petro, quien dejó las armas pero no sus sueños de revolución, quiere, como buen marxista, combinar las formas de lucha. Carlos Marx justificaba la violencia: “Es la partera de la historia”, decía. Petro lo creyó como dirigente del M-19 y lo sigue creyendo como exguerrillero. Habrá que ver si le funciona.
¿Y Claudia López? La alcaldesa de Bogotá no incita a la violencia, pero esta semana volvió a caer en la tentación de pescar provecho político en la sangre derramada. Regañó al Presidente y a la Policía, como si ella no tuviera sus responsabilidades. El año pasado, en plena campaña electoral, criticó a Petro y a Enrique Peñalosa por no ejercer, como les correspondía en su calidad de alcaldes, el mando policial de la capital: “La jefatura de Policía –dijo– no se puede delegar”. ¿Al fin qué? López no sabe si ser alcaldesa o jefa de la oposición. Ojalá recuerde que la eligieron para lo primero.
MAURICIO VARGAS
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