La intermediación del diálogo en el sector de la educación se viene dando, ahora que el Gobierno busca sacar adelante las reformas con las que pretende fortalecer el sistema educativo colombiano.
Si bien se trata de dos proyectos, el primero que tiene un margen de ley estatutaria para establecer la educación como un derecho fundamental y que ya fue aprobado en segundo debate de la Cámara de Representantes; el otro ha despertado alertas en la educación superior, pues la reforma a la ley 30 de 1992 afectaría a las universidades privadas. Vale destacar que este último no ha iniciado debate.
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En conversación con diferentes actores del sector, la preocupación se aviva, pues hasta ahora no es posible cuantificar los impactos reales del proyecto, teniendo en cuenta que desde el Ministerio se ha indicado que no es una reforma a la ley 30, sino que se hará una nueva legislatura para la educación superior.
De acuerdo con Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), la ley 30 actual sí necesita una ajuste en los artículos 86 y 87, con el fin de que esta permita superar el desfinanciamiento estructural en la educación superior del sector público.
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“También, esta ley general deberá indicar mecanismos a través de los cuales se pueda garantizar la prestación del servicio por las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, a través de créditos estudiantiles que permitan a los jóvenes acceder a la educación superior”, afirmó.
Así mismo, el director de Ascun reflejó que en cifras generales, de los $55 billones que el Gobierno dedica a la educación en Colombia para este 2024, cerca de $5,5 billones va a la educación superior.
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Sin embargo, de esa cantidad aproximadamente $4,5 billones se destinan al sistema público y alrededor de $1 billón va a “diferentes programas de apoyo para estudiantes, entre ellos los créditos del Icetex”, aclaró.
Según Domínguez, actualmente se está viendo un amplio fortalecimiento en el sistema oficial con gratuidad en la educación pública, con la construcción de nuevas sedes, mejoramiento de la infraestructura en las IES públicas y un mantenimiento de los compromisos del crédito educativo a través del Icetex.
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“Esto lo que está generando es un tránsito de estudiantes de las IES privadas a las públicas y por tanto una disminución de estudiantes en las IES privadas con un debilitamiento de estas”, dijo.
Otro de los puntos de preocupación radica en la apertura de 500.000 cupos nuevos que planteó el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
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Con base en lo dicho por el director de Ascun, este programa se ha desarrollado por tres semestres académicos del actual Gobierno, únicamente a través de la oferta pública con programas como el de gratuidad en la educación superior y con una proyección de aumento, gracias a las creación de las nuevas IES públicas en territorio.
“Entendiendo que Colombia tiene cerca del 50% de sus estudiantes en instituciones privadas sin ánimo de lucro, a estas de manera particular el Gobierno no les ha facilitado ampliaciones de su cobertura. Se han manteniendo las condiciones a través del crédito Icetex para que los estudiantes pueden acceder a los servicios educativos”, indicó Domínguez.
Respecto a la financiación, si bien el Gobierno no ha destinado las ampliaciones de cobertura, las IES privadas se suman a la voz de alerta, pues se estaría afectando directamente la calidad de la educación.
Desde los diferentes puntos que convoca la reforma, para la rectora del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), Emilia Restrepo, consideran que es fundamental garantizar un esquema de financiación para la educación y que este tipo de proyectos “sean un instrumento que nos fortalezca a todos”.
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Según Restrepo, “las propuestas deben llevar a un esquema de colaboración entre la educación pública y privada. Esto no es un tema de competencia, es de calidad y desviar toda la financiación solamente hacia lo público es quitarle la posibilidad a los estudiantes a tener acceso a una educación de alta calidad”.
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Así mismo, la rectora insistió que sería un retroceso para el país no tener acceso a la financiación para la educación privada, pues el nivel productivo también tendría un impacto.
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“Nuestra posición es clarísima y es que consideramos que es un error y estamos abiertos a sentarnos a buscar formas de colaboración mutua entre la entre las instituciones privadas y públicas”, añadió.
Por otra parte, Esteban Piedrahita, rector de la Icesi, le explicó a este medio que la gratuidad abre más las brechas en la calidad de la educación, porque “pone a competir segmentos sociales con educación privilegiada de alto nivel y capitales culturales, con grupos vulnerables, con escaso nivel educativo, capitales culturales y académicos”.
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También detalló que aunque la gratuidad puede extenderse y volverse un modelo universal, la experiencia de otros países como Argentina ha demostrado que se deteriora la calidad porque educar grandes grupos poblaciones, sin filtros de ingreso, hace administrativamente inviable un proceso de alta calidad.
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A su turno, José Manuel Restrepo, rector de la EIA, aclaró que Colombia ha tenido un sistema de educación que ha evolucionado, siendo el sistema mixto el que ha contribuido en esto.
“Es indispensable reconocer el valor de ese otro sector no oficial. Siento que no se ha hecho ese reconocimiento y que en la medida en que no se haga no se van a lograr las metas”, dijo este vocero académico.
Los recursos para oficiales
Vale la pena destacar que en documentos publicados por la cartera de Educación, sí la reforma al actual esquema de transferencias a las IES estatales entrara en vigor este año, el impacto fiscal estaría por el orden de $5,8 billones para el periodo de Gobierno, incluyendo la indexación.
De igual manera, al menos un 40% estaría de esos recursos, es decir $2,4 billones estarían destinados a financiar el programa de ampliación de cobertura lanzado por el Gobierno.
Por otra parte, aseguran que se calcula que la reforma al esquema de transferencias a las IES estatales supondría recursos por cerca de $6,8 billones entre 2024 y 2026. Y en total la reforma, solo para este esquema, tendría un impacto fiscal por más de $33 billones.
DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista de Portafolio
