La Superintendencia Financiera impuso una sanción de $500 millones de pesos por las afectaciones masivas a usuarios durante tres días críticos de junio de 2024, señalando el incumplimiento de principios de protección al consumidor financiero.
En una decisión que marca un precedente sobre la responsabilidad de las entidades bancarias en la era digital, la Superintendencia Financiera de Colombia impuso una multa de $500 millones de pesos a Bancolombia S.A. como consecuencia de las graves fallas que presentaron sus canales digitales durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2024, episodios que dejaron a millones de usuarios sin acceso a sus servicios financieros.
La resolución, firmada por la delegada Liliana María Sánchez Villamil, establece que la entidad bancaria incumplió con los principios de trato justo, transparencia, información suficiente y debida diligencia que debe garantizar a sus consumidores. Esta sanción refleja la postura firme del organismo de control frente a las recurrentes interrupciones que han afectado la operación digital del grupo financiero más grande del país.
La millonaria multa no es un hecho aislado en el registro reciente de la entidad. Según los documentos de la Superfinanciera, en octubre de 2023 Bancolombia ya había recibido una sanción de $124 millones de pesos por presentar deficiencias en la información entregada a sus usuarios, lo que evidencia un patrón de fallas en la calidad del servicio.
La situación se ha repetido en fechas más recientes. El 24 de octubre de 2024, tanto Bancolombia como Nequi —su plataforma de billetera digital— volvieron a reportar fallas generalizadas en sus sistemas, afectando a miles de clientes en todo el territorio nacional y generando una nueva ola de reclamos.
Ante este escenario, la Superintendencia Financiera ha sido enfática en señalar que mantendrá una vigilancia estricta sobre las entidades que opera y no dudará en imponer sanciones ante posibles fallas similares. El mensaje es claro: la transformación digital del sector financiero debe ir de la mano con la garantía de un servicio robusto, confiable y que respete los derechos de los consumidores.
Esta sanción representa una advertencia para todo el sistema financiero colombiano sobre la imperiosa necesidad de fortalecer su infraestructura tecnológica y sus protocolos de atención al cliente, en un momento donde la confianza digital se ha convertido en un pilar fundamental de la economía.
