Redacción BL
Hoy arranca la tercera fase del aislamiento obligatorio para combatir la propagación del coronavirus en Colombia.
Esta etapa contempla el retorno a otro grupo de actividades comerciales como las lavanderías, librerías, papelerías, ventas al por mayor de carros y muebles así como otros subsectores industriales. La decisión presidencial incluye además la posibilidad de que unos 876 municipios libres de casos oficiales de covid-19 puedan reabrir sus economías.
Esta siguiente fase implica, para todos los efectos, el fin de la cuarentena total que el gobierno Duque decretó hace poco más de mes y medio. La fragilidad económica de millones de hogares, empleos y negocios y la severidad de la parálisis por las medidas de aislamiento solo pudo comprar al Gobierno colombiano dos meses para preparar al sistema de salud y recoger más información del coronavirus.
La Casa de Nariño decidió no sólo una ruta gradual para el fin del confinamiento sino también darle el manejo de esa gradualidad a los alcaldes y gobernadores. No obstante, esta decisión ha generado tanto en materia económica como social y de salud pública que Colombia esté saliendo de la cuarentena a distintas velocidades, con múltiples mensajes, con heterogéneos niveles de disciplina colectiva y cuidado individual ciudadano.
En otras palabras, el país, su sistema de salud, sus aparatos productivos y sus territorios, conforman hoy una confusa colcha de retazos de medidas, requisitos, autorizaciones, capacidades institucionales, infraestructuras hospitalarias y restricciones.
Basta una mirada a cómo se desarrollaron las medidas de reapertura económica de la cuarentena 2.0 para comprobar la heterogeneidad en la respuesta.
De acuerdo a datos recientes del Ministerio de Comercio, de las 96 mil empresas manufactureras que podían reactivarse en las dos semanas de esta segunda etapa del aislamiento, solo 21 mil en grandes ciudades solicitaron autorización y casi 12 mil, el 16 por ciento, fueron aprobados.
Como la “llave de la gradualidad” está en los mandatarios locales, el ritmo de reactivación no es el mismo. Mientras que en Medellín el 82 por ciento de las solicitudes empresariales han sido aprobadas, en Bogotá esa tasa no alcanza el 20 por ciento.
Por su parte, en Cali y Cúcuta prácticamente la totalidad de las solicitudes han sido aprobadas, en Cartagena son solo 2 de 705 y en Tunja y Santa Marta no ha sido autorizada ninguna empresa. Con brechas así de grandes entre ciudades, la atención gira entonces a la eficiencia institucional e incluso a la voluntad política para avanzar en la reapertura de los sectores.
En el caso de los municipios sin contagios de covid-19, de las 70 solicitudes, ninguno reabriría hoy actividades. De hecho, algunas zonas cundinamarqueses se mantendrán en cuarentena. En resumen, no una, ni dos, sino mil tipos de reaperturas dependiendo del mandatario local.
La línea que separa la prudente gradualidad de la parálisis total es muy delgada. Al Gobierno Nacional le queda la coordinación intergubernamental para tratar de equiparar las velocidades de todos no solo en términos de reactivación económica sino también en cuanto a las restricciones sociales.
Esas diferencias regionales no solo impactan a las empresas sino a los ciudadanos. En especial frente al temor natural que sentirán muchos trabajadores de los más variados sectores al regresar a sus puestos de trabajadores. La responsabilidad empresarial se pondrá a prueba ante la decisión de permitir o no el máximo de teletrabajo para generar espacios laborales menos propensos a los contagios.
El fin de la cuarentena como el país la experimentó en marzo y abril tendrá un ritmo local. El reto del Gobierno Nacional es no perder el control central.
Francisco Miranda Hamburger
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