A solo cuatro meses de haber asumido el control de la EPS más grande del país, Jorge Iván Ospina Gómez fue removido de su cargo como agente especial interventor de Nueva EPS. La Superintendencia Nacional de Salud designó en su reemplazo a Roberto José Tercero Solano, hasta ahora gerente de Cajacopi EPS, en un movimiento que reconfigura el rumbo de una de las intervenciones más complejas y seguidas del sistema de salud colombiano.
El relevo, oficializado mediante resolución de la Supersalud, no se limitó a la cúpula administrativa. También fue removida Gladys Señora de las Mercedes Asprilla Coronado del cargo de revisora fiscal, y en su lugar fue designada la firma Baker Tilly Colombia Ltda. como nueva contralora de la intervención forzosa administrativa. Es decir, el cambio involucra tanto a la administración como al equipo encargado de vigilar las cuentas de la EPS.
Roberto Solano llega a Nueva EPS con una trayectoria reciente al frente de Cajacopi EPS, donde se desempeñaba como gerente. Su nombramiento implica trasladar a un directivo con conocimiento práctico del manejo de aseguradoras en salud a una de las intervenciones más delicadas del sistema, dado el tamaño de Nueva EPS —la mayor del país— y el millonario volumen de afiliados que dependen de su operación diaria.
Como agente especial interventor, Solano tendrá a su cargo la administración de los bienes, haberes y negocios de la EPS mientras siga vigente la medida de intervención. La resolución que lo designa le exige presentar informes periódicos dentro de los primeros 20 días calendario de cada mes, los cuales deberán incluir un análisis detallado en cuatro frentes: financiero, jurídico, técnico-científico y administrativo.
Antes de que venza el plazo de la intervención, Solano deberá entregar un informe final que responda a la pregunta que mantiene en vilo a millones de colombianos: ¿Nueva EPS está en condiciones de seguir operando?, ¿existen alternativas viables para sanear sus finanzas?, o ¿debe, por el contrario, ir a liquidación?
Esa definición será clave no solo para los afiliados de la EPS, sino para el equilibrio de todo el sistema de salud en el país. La decisión final dependerá, en buena medida, de los diagnósticos y propuestas que el nuevo interventor presente en los próximos meses.
Jorge Iván Ospina había asumido el cargo el pasado 10 de abril con la promesa de sanear las finanzas de la entidad. Bajo su administración, Nueva EPS logró presentar ante la Supersalud sus estados financieros de 2023 y 2024, después de un rezago contable acumulado durante años, con millones de facturas pendientes de conciliación.
Sin embargo, esas cifras terminaron confirmando los peores pronósticos: pérdidas billonarias y serias dudas sobre la viabilidad futura de la EPS, lo que encendió las alarmas en varios sectores del sistema de salud.
A los problemas financieros se sumaron reveses judiciales que minaron la credibilidad de la gestión de Ospina. En julio, un juez confirmó sanciones contra el interventor y un gerente regional por incumplir una orden de tutela que exigía garantizar la atención integral de un menor de edad. A comienzos de agosto, otro proceso lo declaró en desacato, junto con otros directivos, por no entregar medicamentos a un paciente con glaucoma.
Estos antecedentes, sumados a la presión por los resultados financieros, habrían precipitado la decisión de la Supersalud de relevar al equipo interventor.
Nueva EPS permanece bajo intervención estatal desde abril de 2024, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro tomó esa medida ante las dificultades financieras y operativas de la entidad. La intervención buscaba proteger a los afiliados y garantizar la prestación del servicio mientras se definía el futuro de la EPS.
El cambio de interventor se da, además, en un momento de recomposición institucional en el sector salud. Recientemente, Mónica Rocío Lombana García asumió como superintendente Nacional de Salud encargada, con experiencia previa en inspección, vigilancia y control dentro de la misma entidad. Su llegada al frente de la Supersalud añade un nuevo componente a la reconfiguración del equipo directivo que supervisa la intervención.
Con Roberto Solano al frente, la intervención de Nueva EPS entra en una nueva etapa, marcada por la exigencia de resultados financieros verificables y por la pregunta que sigue abierta: si la entidad logrará estabilizarse o si terminará en un proceso de liquidación.
El nuevo interventor deberá demostrar, en tiempo récord, que puede enderezar el rumbo de una EPS que arrastra problemas estructurales de años, al tiempo que responde a los requerimientos de la Supersalud y a las expectativas de millones de afiliados que esperan certezas sobre su futuro.
Los próximos meses serán determinantes. Solano deberá no solo administrar los recursos y negocios de la EPS, sino también construir un diagnóstico sólido que permita a las autoridades tomar la decisión final: rescatar o liquidar. Mientras tanto, los afiliados, los prestadores de servicios de salud y el sistema en general permanecen a la espera de un desenlace que marcará un hito en la historia del sistema de salud colombiano.
