Redacción BL
En los próximos días el Congreso de la República discutirá él proyecto de adición presupuestal para 2023, el cual fue radicado la semana pasada por el Ministerio de Hacienda, y con ello se elevaría a $414,2 billones los recursos disponibles para la vigencia actual.
En paralelo a ello, esta semana el Ministerio publicó el informe de ejecución del Presupuesto General de la Nación acumulado a diciembre de 2022, según el cual, en la vigencia del año pasado se apropiaron recursos por $352,7 billones.
De este monto, se comprometió el 96,5%, es decir $340,2 billones, mientras que se obligó 88,4% ($311,8 billones) y se pagó 88,2% ($310,9 billones). Las apropiaciones sin comprometer al cierre de la vigencia ascendieron a $12,5 billones.
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En la conformación del Presupuesto General, vale la pena mencionar que las apropiaciones corresponden a las autorizaciones máximas de gasto que aprueba el Congreso, y que se deben ejecutar, o comprometer, durante la respectiva vigencia fiscal.
Las asignaciones son los compromisos adquiridos que deben desarrollarse en la vigencia fiscal, mientras que las obligaciones son el monto adeudado para ello y los pagos son los desembolsos correspondientes a los recursos que se contratan con el presupuesto.
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Portafolio consultó con el Ministerio de Hacienda, que aclaró que “el presupuesto es una autorización de gasto dado por la ley para utilizarlo en la respectiva vigencia. Una vez terminado el año se pierde esa autorización de gasto. Por tanto, esos valores sin comprometer desaparecen, es decir no se utilizó la autorización dada”.
En términos sencillos, el presupuesto general estima una serie de recursos y hace una planificación para una determinada vigencia, pero sin una certeza precisa de cuánto se va recibir en términos de ingresos o cuánto se va gastar.
De acuerdo con José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, si los recursos no se ejecutan, no se puede gastar a menos que haya reapropiación.
“La subejecución termina en menos gasto y en un déficit menor. Dadas las fuentes de financiamiento, la menor ejecución se debe reflejar en una disponibilidad de recursos mayor en las cuentas del Ministerio, lo que sería la disponibilidad final en el Plan Financiero”, explicó.
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El reporte detalla que, mediante la Ley 2159 de 2021 se aprobó inicialmente un monto de $350,4 billones para 2022, el cual aumentó en $2,3 billones. Del total de $352,6 billones, el 94,6% del gasto correspondió a recursos de la Nación, y el 5,4% restante a recursos propios de los establecimientos públicos, según el informe.
Según el reporte, en 2022 se encontraba también en ejecución el rezago presupuestal constituido al cierre de la vigencia 2021 ($23,2 billones). “Se trata de asignaciones comprometidas y obligadas, constituidas como reservas presupuestales y cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021, que deben completar su ciclo presupuestal y por tanto ser pagadas en el 2022”, indica el informe.
De acuerdo con Hacienda, al cierre de la vigencia se pagó 97,6% del rezago presupuestal 2021, pues los pagos realizados al culminar diciembre sumaron $22,6 billones.
Del total de recursos en 2022, el 59,9% del Presupuesto General ($211,3 billones) eran gastos de funcionamiento; 19,8% del total ($69,6 billones) corresponde a recursos de inversión, y $71,6 billones, equivalentes a 20,3% correspondieron al servicio de deuda.
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De acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal, en 2022 alrededor del
82% del gasto del Gobierno sin deuda se destinó a siete de los treinta sectores que conforman Presupuesto: PGN: Educación con $49,7 billones (19%); Salud y Protección Social con $41,8 billones (16%); Defensa y Policía con $39,5 billones (15%); Trabajo con $32,8 billones (13%); Hacienda con $17,9 billones (7%); Inclusión Social y Reconciliación con $20,2 billones (8%); Transporte con $9,0 billones (3%). El 19% del gasto de la Nación sin deuda ($48,5 billones) se asignó entre los 23 sectores restantes que conforman el PGN.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista Portafolio
Twitter: @LauraB_Elejalde
