El Ministerio de Salud expidió el Decreto 0182 de 2026, una norma que reorganiza la operación de 20 Entidades Promotoras de Salud en los 1.102 municipios del país, estableciendo en qué territorios podrán seguir operando las aseguradoras y generando el traslado de afiliados hacia las EPS autorizadas en cada zona.
Bogotá – En una movida que busca reordenar el mapa del aseguramiento en salud, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0182 de 2026, una norma que redefine la presencia territorial de las EPS en todo el país. La medida, emitida por el Ministerio de Salud, establece un nuevo esquema de operación para 20 aseguradoras en los 1.102 municipios de Colombia, lo que implica el traslado obligatorio de afiliados hacia las entidades autorizadas para operar en cada jurisdicción.
La decisión gubernamental, que busca optimizar la cobertura y la calidad del servicio, no tardó en generar reacciones. A través de una carta fechada el 2 de marzo de 2026 y dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expresó su profunda preocupación por los posibles efectos de esta reorganización en el ya frágil funcionamiento del sistema de salud.
En el documento, el gremio que agrupa a hospitales y clínicas del país reconoce que “una reorganización territorial del aseguramiento podría ayudar a mejorar el acceso de los usuarios y equilibrar el sistema en condiciones normales”. Sin embargo, la misiva enfatiza que el contexto actual del sector salud dista mucho de ser normal y presenta múltiples complejidades.
La ACHC sustentó sus aprensiones con datos concretos sobre el estado del aseguramiento en Colombia. Según la carta, actualmente existen 28 EPS habilitadas en el país. De estas:
- Ocho se encuentran bajo medida de intervención.
- Dos están en vigilancia especial.
- Dieciocho operan sin medidas especiales (con corte a junio de 2025).
A pesar de este número de entidades, la situación financiera y operativa es crítica. El gremio advierte que solo dos EPS cumplen con los indicadores de permanencia establecidos, y juntas representan menos del 1% de la población afiliada. Este dato enciende las alarmas sobre la capacidad real del sistema para absorber y gestionar el flujo de usuarios que implicará la reasignación territorial.
El panorama se agrava al considerar la situación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). La asociación indicó que muchas de ellas enfrentan serias dificultades financieras debido a los persistentes retrasos en los pagos por los servicios prestados por parte de las aseguradoras. Esta situación, según el gremio, “en algunos casos ha obligado a limitar la atención o reducir capacidad por falta de insumos”, lo que compromete directamente la calidad y oportunidad de la atención a los pacientes.
Ante este escenario de fragilidad, la ACHC lanza una advertencia crucial: algunas entidades podrían tener serias dificultades para asumir el traslado masivo de afiliados que ordena el nuevo decreto y, por ende, para garantizar la estabilidad de la red de atención.
De manera particular, el gremio señaló su preocupación sobre Nueva EPS, cuestionando su capacidad para responder a las obligaciones actuales y, más aún, para hacer frente a una eventual ampliación significativa de usuarios como consecuencia de la reorganización territorial.
El Decreto 0182 de 2026 se implementa en un momento de alta tensión para el sistema de salud colombiano, marcado por debates sobre su sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y las repetidas crisis de liquidez que afectan tanto a EPS como a IPS. Mientras el Gobierno busca, con esta reordenación, poner orden en el mapa del aseguramiento, el gremio hospitalario pide cautela y advierte que, sin un análisis profundo de la capacidad real de las entidades receptoras, la medida podría terminar por agravar los problemas de acceso y atención para millones de colombianos.
La carta de la ACHC se convierte así en un llamado de atención al ministro Jaramillo para que, en la implementación del decreto, se consideren las graves vulnerabilidades del sistema y se tomen medidas que protejan tanto a los pacientes como a la red hospitalaria que los atiende. La respuesta del Ministerio y los pasos a seguir en este proceso de reasignación masiva de afiliados serán determinantes para el futuro inmediato de la salud en Colombia.
