En medio del proceso de extinción de dominio que enfrenta la marca de ropa interior Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alarmas al revelar que ya ha recibido 87 solicitudes de terminación unilateral de contratos de arrendamiento de los cerca de 405 locales ocupados por las autoridades colombianas hace pocas semanas.
La situación no solo afecta la operación de la compañía, sino que amenaza con desestabilizar una fuente de empleo que hoy depende de miles de familias. La SAE, que designó una administración temporal para la firma, lanzó un llamado a los actores involucrados para actuar con “responsabilidad, prudencia y sensibilidad social”.
Uno de los grandes problemas que enfrenta Lili Pink bajo la lupa judicial es el temor del sistema bancario a quedar “contaminado” por sus movimientos de dinero. Como resultado, la empresa ha venido operando exclusivamente con efectivo. A esto se suma la decisión de varios proveedores de suspender sus negocios con la marca, profundizando el aislamiento comercial.
A pesar de este escenario, la SAE insiste en que los establecimientos continúan operando “bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo”.
Diego Chávez, vicepresidente de la SAE, explicó en Blu Radio que el principal argumento de los propietarios de los inmuebles para rescindir los contratos es, precisamente, el inicio del proceso de extinción de dominio. Muchos temen verse implicados judicialmente por mantener vínculos comerciales con bienes vinculados a una investigación de lavado de activos.
“La tranquilidad que le queremos transmitir a los empresarios es que justamente la administración hoy está en cabeza del Estado colombiano”, afirmó Chávez, enfatizando que el propósito desde la presidencia de la SAE es “conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”.
Con 87 terminaciones ya en curso y el riesgo de que más arrendadores se sumen, la entidad busca frenar una reacción en cadena que podría liquidar de facto la operación de Lili Pink antes de que se defina su situación jurídica. La SAE insiste en que el Estado tiene el control administrativo y que las decisiones apresuradas solo impactarían a los trabajadores y sus familias.
El pulso, entonces, no es solo judicial, sino también social y económico: ¿puede la marca sobrevivir al fantasma del lavado de activos mientras sus propios aliados comerciales huyen por temor al contagio legal? Mientras se define el futuro jurídico de los bienes, la SAE juega contrarreloj para evitar un colapso anunciado.
