La Fiscalía General de la Nación, en un golpe contundente contra el crimen organizado transnacional, desarticuló una sofisticada red delictiva dedicada al contrabando a gran escala, la cual utilizaba el puerto de Buenaventura como principal puerta de entrada ilegal para mercancías provenientes de Asia.
La operación, liderada por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía y la Dijin-Interpol de la Policía Nacional, evidenció el modus operandi de la organización. Según las investigaciones, la red importaba ilegalmente grandes cargamentos de textiles, confecciones y otros artículos, aprovechando la infraestructura portuaria del Pacífico colombiano. Una vez en tierra, la mercancía era transportada en tractocamiones hasta zonas comerciales de Bogotá, donde se coordinaba su distribución y venta.
Para blanquear esta operación ilícita, los investigados utilizaron una estructura de siete sociedades comerciales que servían como fachada para la comercialización de los productos. Estas empresas suministraban la mercancía a mayoristas y distribuidores, quienes finalmente la ponían en el mercado nacional.
Como resultado de diligencias realizadas en Bogotá y Cali, las autoridades capturaron a ocho personas señaladas de ser integrantes clave de la organización: seis ciudadanos de origen chino y dos colombianos. Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó delitos por favorecimiento y facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Los implicados no aceptaron los cargos.
Los investigados responden a los nombres de: Liwei Chen, Meimei Zhu, Yilei Qiu, Kaman Qiu, Fujun Xia, Feisen Chen, Yovany Andrés Álvarez Quintero y Luisa Fernanda Coba Sierra.
La magnitud de las operaciones ilegales es considerable. Según la Fiscalía, a esta red se le han realizado nueve aprehensiones previas de mercancía de contrabando, con un valor estimado de 9.137 millones de pesos. Sin embargo, el impacto financiero de sus actividades sería mucho mayor.
Las investigaciones señalan que, a través de su compleja estructura, la organización logró dar apariencia de legalidad (lavado de activos) a recursos por un monto cercano a los 71.562 millones de pesos, derivados de sus actividades ilícitas. Además, se habrían generado ganancias injustificadas, representadas en un incremento patrimonial no justificado de 2.696 millones de pesos.
Este caso pone de relieve los desafíos de seguridad y control en los puertos colombianos, particularmente en Buenaventura, que por su estratégica ubicación es vital para el comercio legal, pero también puede ser blanco de explotación por parte de organizaciones criminales. La operación demuestra la capacidad de estas redes para operar de forma transnacional, integrando logística de importación, transporte terrestre, estructuras empresariales ficticias y canales de distribución nacional.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar la posible participación de más personas y el alcance total de la red desmantelada, en un esfuerzo por proteger la economía nacional y las finanzas públicas del flagelo del contrabando y el lavado de activos.
