Valle del Cauca se encuentra al borde de una crisis humanitaria en salud. La cartera morosa entre EPS e IPS asciende a los $7 billones, lo que ha provocado el cierre de cerca de 2.000 servicios médicos en el último año y una creciente dificultad de acceso para los usuarios.
La Gobernación del Valle del Cauca, liderada por Dilian Francisca Toro, evalúa la declaratoria de emergencia humanitaria ante el crítico panorama que atraviesa el sistema de salud departamental. La medida responde a una combinación letal: falta de pagos oportunos a clínicas y hospitales, fuga de talento humano especializado y barreras de acceso cada vez más altas para los ciudadanos.
Según la Secretaría de Salud del Valle, el cierre de servicios no siempre es una decisión administrativa, sino una consecuencia directa de la pérdida de profesionales de la salud. En el último año, la oferta médica se redujo en casi todo el territorio vallecaucano debido a la ausencia de especialistas dispuestos a trabajar en áreas críticas sin garantías de pago.
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental, reveló que las deudas se incrementan a un ritmo del 30% mensual. “Tenemos una discrepancia cada vez mayor entre las cifras de las EPS y las IPS”, explicó. Mientras las clínicas reportan facturas entregadas, algunas entidades prestadoras de salud (EPS) las rechazan o las devuelven sin justificación técnica, generando un desfase que impide liquidar las obligaciones.
Ante este panorama, la gobernadora Toro solicitó la creación de una mesa técnica con la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, con el fin de mediar con el Gobierno Nacional y buscar soluciones urgentes. “Lo que estamos viviendo es prácticamente una crisis humanitaria en el país con la salud de los colombianos”, enfatizó la mandataria.
A pesar del grave contexto, el departamento ha mantenido jornadas especiales de atención que han permitido atender a más de 17.000 personas con especialistas en diversos municipios. Asimismo, se realizan seguimientos estrictos a la contratación de las EPS para verificar que se cumplan las rutas de atención.
Sin embargo, los funcionarios advierten que estas medidas son paliativas. Si el Gobierno Nacional no interviene con recursos y mecanismos que garanticen el flujo de caja a las IPS, el colapso del sistema en el Valle podría ser inminente, con graves consecuencias para la población más vulnerable de la región.
