La Alcaldía Distrital aclaró que el precio público de $4.235 por tonelada recae sobre el propietario de la carga —no sobre los camioneros— y que los recursos tendrán destinación específica para mejorar la malla vial afectada por el tráfico pesado.
Buenaventura, D. E., 8 de octubre de 2026. La Alcaldía Distrital de Buenaventura continúa socializando los alcances del precio público por circulación, reglamentado mediante el Decreto Distrital No. 0338 del 26 de agosto de 2026, una medida que ha generado controversia en el sector transportador pero que, según la administración, cuenta con sustento técnico y una destinación clara: financiar proyectos de movilidad e infraestructura vial.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Edison Bioscar Ruíz Valencia, aclaró que el cobro no está dirigido a los camioneros, conductores ni empresas de transporte, sino al propietario de la carga. La tarifa establecida es de $4.235 por tonelada de carga transportada desde o hacia los terminales portuarios del Distrito.
El cobro se realizará al propietario de la carga al momento del ingreso o retiro físico de las mercancías del terminal portuario y se identificará de manera separada en la factura o documento de cobro.
“Un camión de 30 o 35 toneladas no paga más allá por esa carga de 120 o 130 mil pesos. Hoy, multiplíquense eso por lo menos por 10 o 20 veces por las horas que le toca pasar en la vía”, explicó Bioscar, al referirse a los costos que generan las demoras y la congestión para la cadena logística.
El Decreto 0338 establece que los recursos recaudados serán destinados exclusivamente a proyectos relacionados con la movilidad y la infraestructura vial, entre ellos:
- Construcción de proyectos viales y su señalización.
- Administración y mantenimiento técnico de los proyectos construidos.
- Reparación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana afectada por el tráfico pesado.
La Administración Distrital también aclaró que esta medida no corresponde al proyecto de “tasa por congestión” que anteriormente estuvo en discusión ante el Concejo Distrital. Se trata, según la Alcaldía, de un precio público por circulación, sustentado en un estudio técnico, financiero y de movilidad con un informe de más de 500 páginas que reposa en la Secretaría de Tránsito y Transporte.
El decreto contempla, además, exenciones para cargas destinadas a la Policía Nacional, Fuerzas Militares y Fiscalía General de la Nación, ayudas humanitarias o bienes esenciales en situaciones de calamidad pública, y determinadas operaciones de transbordo.
La Alcaldía insiste en que el precio público por circulación no es un impuesto ni una tasa por congestión. Se trata de un cobro asociado a la circulación de carga desde y hacia los terminales portuarios, cuyos recursos tienen destinación específica para financiar proyectos de movilidad e infraestructura vial.
La Administración Distrital anunció que continuará socializando los alcances de esta medida con la ciudadanía, el sector portuario y los diferentes actores de la cadena logística, con el propósito de brindar información clara sobre su aplicación y destinación.