Una nueva crisis de movilidad y diálogo social se avecina para el suroccidente del país. Las organizaciones indígenas del Valle del Cauca, agrupadas en la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), han emitido un ultimátum al Gobierno Nacional ante los reiterados incumplimientos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con los acuerdos pactados.
El punto de quiebre es el incumplimiento de la Resolución 1296 de 2024, un instrumento que reconoce derechos y establece compromisos específicos del Estado con estas comunidades. Según ORIVAC, pese a las mesas de diálogo y las solicitudes formales, se evidencia un “incumplimiento sistemático” que vulnera sus derechos colectivos y la confianza en los acuerdos.
Frente a la falta de respuestas efectivas, las comunidades han anunciado una escalada progresiva de sus acciones de protesta. Inicialmente, llevarán a cabo una toma pacífica de las instalaciones de la SAE y la ANT en la región, como un primer mecanismo de exigibilidad. No obstante, han advertido de manera contundente que, de persistir la negativa del Gobierno, se verán forzadas a realizar “acciones más contundentes”.
La medida más impactante sería la toma de la Troncal Pacífica, específicamente en el sector de La Delfina, un punto crítico de la vía que conecta a Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia, con Cali, la capital del Valle del Cauca. Un bloqueo en este punto estrangularía una de las arterias logísticas y económicas más importantes del país.
Las autoridades indígenas han recalcado que todas sus acciones serán de carácter “pacífico, organizativo y legítimo”, en defensa de la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos. Simultáneamente, realizaron un llamado urgente a las instituciones estatales para retomar un diálogo real y efectivo que permita saldar la deuda histórica y cumplir con los acuerdos establecidos, en un intento final por evitar una medida que tendría repercusiones a nivel nacional.
