Una investigación de 60 inspecciones reveló jornadas extenuantes de 10 horas, contratos atípicos para evadir responsabilidades, graves fallas de seguridad y la ausencia de salas de lactancia. La viceministra advierte sobre una posible intermediación laboral ilegal.
– Un operativo masivo del Ministerio de Trabajo destapó un entramado de irregularidades laborales y condiciones precarias de empleo en tiendas y centros de distribución de la cadena Olímpica. Tras 60 inspecciones motivadas por denuncias de trabajadores, las autoridades encontraron que el 90% de la fuerza laboral no tiene un vínculo directo con la empresa, sino que es suministrada por terceros, un esquema que, según el Gobierno, está diseñado para “diluir la responsabilidad” del empleador principal.
Los hallazgos pintan un panorama de vulneración sistemática de derechos. Empresas como Incopac S.A., Inverosur, Gestica S.A.S., Ihungo S.A.S. y Asecolba son señaladas como las principales suministradoras de personal, en lo que el Ministerio califica como indicios sólidos de una posible intermediación laboral ilegal.
Lejos de las condiciones propias de un empleo formal en una gran superficie, los inspectores documentaron prácticas que violan abiertamente la ley. Los trabajadores reportaron jornadas de hasta 10 horas diarias con apenas 30 minutos para almorzar, una carga extenuante que incumple la normativa sobre la reducción progresiva de la jornada y vulnera por completo la Ley de Desconexión Laboral (Ley 2191 de 2022), que busca proteger el tiempo personal y familiar de los empleados.
La viceministra encargada, Sandra Muñoz, alertó que la mayoría de los contratos revisados se firmaron bajo la modalidad de obra o labor, una figura atípica e inusual para funciones permanentes y repetitivas como las de un supermercado. “Este tipo de contratación, común en la construcción, genera inestabilidad y precariedad”, subrayó la funcionaria, al explicar que evita que los trabajadores accedan a la estabilidad y beneficios de un contrato a término indefinido.
El diagnóstico de precariedad se extiende también a la integridad física de los empleados. El Ministerio detectó deficiencias críticas en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo riesgos eléctricos, falta de equipos de protección personal (EPP) y maquinaria en estado inseguro. Particularmente grave es el hallazgo de escaleras inadecuadas para trabajos en altura, que representan un peligro inminente de accidente.
En el capítulo de bienestar, la omisión fue absoluta: ninguna de las tiendas inspeccionadas contaba con una sala de lactancia, un derecho fundamental establecido por la Ley 1823 de 2017 para las madres trabajadoras. Esta falta es considerada por las autoridades como una muestra clara de la despreocupación por las medidas preventivas y de calidad de vida al interior de la empresa.
El caso de Olímpica se perfila como un ejemplo emblemático de las prácticas que el Gobierno busca erradicar, poniendo en la mira los modelos de negocio que se sostienen en la tercerización masiva y la elusión de las obligaciones laborales básicas. Se espera que el Ministerio imponga sanciones ejemplares tras el cierre de las investigaciones.
