El sistema de salud colombiano inició la transformación más radical de las últimas décadas. Bajo el amparo del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025, el Gobierno Nacional ordenó el traslado masivo y automático de 2.3 millones de usuarios a nuevas EPS, un movimiento que afecta al 4.4% de la población afiliada y que, por primera vez, elimina el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir su aseguradora.
El pilar más controversial de esta reorganización es la pérdida de la autonomía del usuario. A diferencia de procesos anteriores donde los afiliados podían escoger una nueva EPS tras una liquidación, en este “Gran Traslado” los ciudadanos serán reubicados por el Gobierno según criterios de regionalización. Esta decisión, que busca eficiencia administrativa, sacrifica un derecho consagrado históricamente en el sistema de salud, generando incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos médicos y la relación médico-paciente.
El análisis del proceso revela un actor central: la Nueva EPS. Según el observatorio Así Vamos en Salud, esta entidad, que ya agrupa a más de 11.7 millones de afiliados, no cederá población y se perfila como la principal receptora de usuarios. Aunque el Gobierno justifica su papel por su capilaridad nacional, expertos como Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, alertan: “Concentrar más población en una entidad con known desafíos financieros, sin un ajuste estructural previo, representa un riesgo enorme para la sostenibilidad”.
La reasignación no afecta a todos por igual. Las EPS intermedias y del régimen subsidiado cargan con el mayor peso:
- Cajacopi cederá el 30.5% de sus afiliados.
- Coosalud el 17.8%.
- Asmet Salud el 17.1%.
En contraste, grandes aseguradoras privadas como Sura y Sanitas apenas cederán entre el 1.3% y 3.8% de su población. Este rediseño obliga a varias EPS a expandirse a municipios donde no tienen experiencia, sin que la norma incluya un ajuste en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que compense la llegada de pacientes de alto costo. Esta omisión podría generar un desequilibrio financiero inmediato, poniendo en riesgo la atención misma que se busca mejorar.
El Gobierno defiende que este cambio es crucial para implementar el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, prometiendo mayor cobertura y eficiencia. Sin embargo, la transición es un campo minado. El riesgo de “traumatismos inmediatos” es alto: historiales clínicos que se pierden, tratamientos especializados que se interrumpen y una saturación caótica en las EPS receptoras. El éxito dependerá de una logística impecable, de la que aún no se conocen todos los detalles.
El Gobierno ha puesto en marcha una apuesta alta por reorganizar el sistema de salud. Mientras las autoridades confían en que este rediseño territorial sentará las bases para un modelo más moderno y equitativo, para 2.3 millones de colombianos el proceso se vive con ansiedad. El país observa si esta cirugía mayor, que sacrifica la elección en el altar de la eficiencia, logrará sanar los males crónicos del sistema o si, por el contrario, generará nuevas y más profundas dolencias en el derecho fundamental a la salud. Los próximos seis meses serán la prueba de fuego.
