En un giro significativo en la política de tránsito del país, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Ministerio de Transporte iniciar una revisión integral del sistema de fotomultas en Colombia. La instrucción, anunciada en las últimas horas, busca reformar los criterios de instalación, operación y notificación de las cámaras de vigilancia vial, con el objetivo de eliminar cobros arbitrarios y devolverle a estos dispositivos su razón de ser: prevenir accidentes y salvar vidas.
El mandatario fue contundente al señalar que las fotomultas no pueden convertirse en “un mecanismo utilizado para recaudar dinero a costa del bolsillo de los colombianos”. Su crítica apunta a una creciente percepción ciudadana de que muchas de estas cámaras están ubicadas estratégicamente para generar ingresos, más que para disuadir infracciones peligrosas.
Según fuentes de la Casa de Nariño, la reforma contempla al menos tres ejes principales:
- Permisos y ubicación: Se evaluarán los contratos y autorizaciones con los que operan las cámaras, para verificar que hayan sido instaladas en puntos de alto riesgo vial y no en tramos con fines meramente recaudatorios.
- Señalización adecuada: Se exigirá que los conductores sean debidamente informados de la presencia de estos dispositivos mediante avisos visibles y oportunos, garantizando el derecho a la defensa.
- Funcionamiento y calibración: Se revisarán los protocolos técnicos para evitar errores en la captura de placas o velocidades, que han derivado en miles de comparendos injustificados.
El presidente enfatizó que el propósito no es eliminar los controles, sino hacerlos más justos y efectivos. “La seguridad vial no se negocia, pero la transparencia tampoco”, señaló.
El anuncio llega en medio de un creciente malestar entre conductores particulares y gremios de transporte, que denuncian que en algunas ciudades las fotomultas representan un porcentaje significativo de los ingresos municipales, sin que ello se traduzca en una disminución real de siniestros viales.
De La Espriella instruyó al Ministerio de Transporte para que, en un plazo no mayor a 60 días, presente un proyecto de decreto o ley que establezca reglas claras y uniformes para todo el territorio nacional. La iniciativa también buscará crear un sistema de apelación más ágil y accesible para quienes consideren haber sido multados de manera errónea.
Mientras organizaciones de conductores han recibido la noticia con optimismo, algunos expertos en seguridad vial advierten que el endurecimiento de los requisitos no debe traducirse en una menor cobertura de control en puntos críticos. “El reto es equilibrar: más regulación, pero sin desproteger a peatones y ciclistas”, comentó una fuente del sector académico.
El Gobierno, por su parte, aseguró que el proceso será participativo y que escuchará a alcaldes, concesionarios de vías, automovilistas y organismos de tránsito antes de definir los nuevos lineamientos.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro: las fotomultas están para cuidar, no para castigar sin razón. El cronograma de implementación y los detalles técnicos serán socializados en las próximas semanas.
